La defensa del diputado ruso Vladislav M. Reznik y de su mujer, Diana Gindin, ambos acusados en el juicio a la mafia Tambovskaya, ha reiterado hoy que ambos desconocían las supuestas actividades criminales del presunto líder huido, Gennadius Petrov, y ha asegurado que todos sus negocios eran legales.

Durante la presentación de su informe ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga por blanqueo a 25 acusados, de los que 9 están huidos (entre ellos los principales cabecillas), el abogado de Reznik y Gindin ha solicitado la absolución para ambos.

Según un comunicado remitido por los acusados, el letrado ha explicado que tanto Reznik como Guindin desconocían "las posibles y supuestas actividades criminales" de Petrov, huido de la Justicia desde 2012, y ha dicho que éste tenía "numerosos negocios prósperos que no tenían por qué hacer sospechar al matrimonio acerca del origen de sus fondos".

Y ha precisado que ambos han declarado correctamente todos sus bienes y que el origen de sus fondos es legal.

Sin embargo, la Fiscalía -que solicita 5 años de cárcel para Reznik y 4 y medio para Gindin- considera que ambos conocían la actividad criminal de Petrov, que ayudaron a "difuminar" el origen de sus fondos a través de operaciones financieras y después, durante el procedimiento, han buscado "un cortafuegos" para "evitar su vinculación" con él.

Según el ministerio público, el diputado ruso compartía con Petrov "negocios y economía a gran escala" con los que blanqueó el dinero procedente de las actividades delictivas de la mafia, a la que se atribuyen en otros países asesinatos, palizas por encargo, tráfico de armas o cohecho, entre otros delitos.

Uno de esos negocios fue la compra de una aeronave por 13 millones de dólares, cuyo uso luego compartieron, que demuestra, según la Fiscalía, que su relación rebasaba "el nivel de conocidos".

Pero para el abogado de Reznik, se trata de una acusación "nula de pleno derecho" y ha defendido la licitud de la operación.

En cualquier caso, ha dicho, los tribunales españoles no tendrían jurisdicción para enjuiciar estos hechos, producidos en el extranjero.

También ha denunciado que parte de la acusación se basa en conversaciones telefónicas, cuyo archivo sonoro no consta en la causa, sino que solo se cuenta con resúmenes "erróneos" de la Guardia Civil, basados en "conjeturas y deducciones falsas".