El PNV ha presentado 43 enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018, en las que reclama, entre otras cuestiones una subida de pensiones, 44,7 millones para investigación y desarrollo e infraestructuras.

En un comunicado, el PNV explica que sus enmiendas recogen el acuerdo alcanzado con el Gobierno para subir las pensiones un 1,6 % este año con efecto retroactivo desde el 1 de enero y revalorizarlas el próximo año conforme el IPC, así como ampliar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56 % este año y el 60 % el próximo y retrasar al 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

El PNV considera esta subida uno de los tres requisitos para prestar su apoyo al presupuesto, junto con la actitud respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y la mejora de la agenda vasca.

El partido reclama 17,2 millones de euros para investigación y desarrollo, con los que se destinarían 4 millones al Centro de investigación Biscay Marine Energy Platform o 2,5 millones para los laboratorios de innovación de la Universidad de Mondragón.

En materia de infraestructuras, el PNV propone dedicar 27,5 millones a infraestructuras clave en el País Vasco, como el intercambiador ferroviario de Urbinaga (5,8 millones), la recuperación de H24 en el aeropuerto de Foronda (1,7 millones) o la construcción de un carril bici entre Getxo y Bilbao (10 millones).

El PNV también ha presentado enmiendas para mejoras en la depuradora E.D.A.R. Galindo en Sestao (9,3 millones) y el embalse de Itoiz (3 millones), entre otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente, así como una partida de 1,5 millones para reparar el voladizo y barandilla del Paseo de la Concha de San Sebastián.

Las enmiendas relativas al patrimonio cultural suman 3,4 millones y aluden al astillero Mendieta en Lekeitio, rehabilitación del casco antiguo de Tudela y la regeneración de la zona limítrofe de la antigua sede del Banco de España en Vitoria.

Adicionalmente, reclama que la composición de la Ertzaintza se adecúe a lo acordado en la Junta de Seguridad y que la tarjeta social universal dependa de la adhesión voluntaria a través de convenio de colaboración.