Murcia activa un operativo para localizar a más de 200 mujeres en riesgo por fallos en las pulseras antimaltrato

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia ha puesto en marcha un operativo urgente para localizar y atender a más de 200 mujeres víctimas de violencia de género que podrían haber quedado desprotegidas debido a fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. 

La consejera Conchita Ruiz anunció la medida durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde explicó que el dispositivo se desplegará a través de la red de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI). El operativo ofrecerá apoyo jurídico, psicológico y la atención necesaria a las usuarias afectadas.

“Desde la Región de Murcia no nos quedamos de brazos cruzados. Hemos solicitado al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno los datos oficiales sobre mujeres con dispositivos telemáticos y las incidencias registradas”, afirmó Ruiz. Mientras se reciben esos datos, los equipos de la red CAVI ya están contactando con las mujeres que utilizan estos dispositivos para detectar posibles riesgos y reforzar su protección.

La consejera responsabilizó al Gobierno central de la situación, calificándola de “irresponsabilidad institucional” que “pone vidas en peligro”. Ruiz recordó que no es la primera vez que las víctimas sufren “la desprotección de un sistema fallido”, mencionando como precedente la polémica en torno a la aplicación de la Ley del “sólo sí es sí”.

Asimismo, exigió al Ministerio de Igualdad explicaciones y reclamó más medios para reforzar la seguridad de las mujeres. “Las comunidades autónomas y organizaciones feministas venimos denunciando desde hace tiempo la falta de recursos humanos y materiales. Las medidas anunciadas no se acompañan de una planificación seria”, subrayó.

Ruiz criticó que el Ejecutivo central haya sustituido “la gestión por la propaganda y las redes sociales”, y aseguró que será recordado “como el menos feminista de la historia”. Frente a ello, destacó que el Gobierno regional “asume su responsabilidad”, pese a no disponer de financiación suficiente. Como ejemplo, citó el mantenimiento de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, cuyo coste anual supera los 500.000 euros y que, según dijo, “son sufragados íntegramente por la Comunidad, ya que el Ministerio de Igualdad no ha aportado hasta ahora ni un solo euro”.

Con este operativo, el Ejecutivo murciano busca garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo y suplir los fallos del sistema de control telemático, mientras espera la información oficial solicitada al Estado.