Lorca frena una reclamación de 800.000 euros por un convenio urbanístico de 2003 no ejecutado

El Ayuntamiento de Lorca ha vuelto a rechazar la reclamación de 800.000 euros interpuesta por los promotores de un convenio urbanístico aprobado en 2003 que nunca llegó a materializarse. Los servicios jurídicos del consistorio consideran que el asunto ha prescrito, por lo que han desestimado la petición.

El origen de la disputa

Según ha explicado la concejala de Urbanismo, María Hernández, el acuerdo implicaba la cesión de una parcela para ampliar el colegio de la pedanía de La Hoya. A cambio, los promotores obtendrían derechos para el desarrollo de un sector de suelo edificable, una contraprestación que jamás se llevó a cabo.

En 2024, los demandantes reclamaron por vía administrativa el pago de 800.000 euros por la parcela más los intereses, a pesar de que su valor actual no supera los 150.000 euros. Aunque el pleno municipal rechazó la petición en junio de 2024, un recurso contencioso-administrativo fue estimado en diciembre de 2025, reabriendo el caso.

Un convenio "extinguido y sin eficacia"

Ahora, los servicios jurídicos municipales argumentan que “la acción ejercitada por los reclamantes se encuentra manifiestamente prescrita” y ratifican que el convenio “se encuentra extinguido y carente de eficacia jurídica”. Hernández ha añadido que el acuerdo dejó de tener validez en 2007, al cumplirse el plazo de tres años desde su firma sin que se hubiera iniciado el desarrollo.

La herencia del urbanismo socialista

La edil ha calificado la reclamación como “otra consecuencia de la desastrosa gestión urbanística del PSOE”, cuya política de convenios “sigue dando coletazos 23 años después”. Según Hernández, "esa reclamación de 800.000 euros supondría una grave tensión para la economía de este ayuntamiento".

Esa reclamación de 800.000 euros supondría una grave tensión para la economía de este ayuntamiento"

María Hernández

Concejala de Urbanismo

La concejala ha recordado que estas reclamaciones se suman a otras cifras millonarias heredadas de la misma época. Entre ellas, los más de 15 millones de euros devueltos por convenios en suelo inadecuado (SIDU), los 750.000 euros de un convenio en Aguaderas y los 1,2 millones del convenio Residencial Sierra de Tercia. "Estamos hablando de más de 15.000.000 de euros", ha sentenciado Hernández.