Un abogado del turno de oficio en Cartagena gana menos de la mitad por el mismo procedimiento que uno en el País Vasco

El 12 de julio se conmemora el día de la justicia gratuita, pero más allá de celebrar la labor que hacen en favor de los ciudadanos, en Cartagena se convertirá en un día reivindicativo. Todo se resume en la búsqueda de dignidad para el turno de oficio.

Para empezar el sistema de justicia gratuita en España presenta importantes diferencias retributivas entre las distintas comunidades autónomas y el territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia. Según explica Ángel Méndez, Decano del colegio de abogados: "un abogado que actúa en el turno de oficio en Cartagena, que depende del Ministerio de Justicia, puede ganar menos de la mitad por un mismo procedimiento que un colega en el País Vasco, donde la gestión es autonómica".

Por un proceso de divorcio en el País vasco se cobran unos 600 euros y un abogado en Cartagena percibe menos de 300 euros. Además, aunque ha habido una mejora en el sistema de abonos. A día de hoy hay retrasos de dos meses en el cobro. Dado lo que había antes casi ni se quejan.

violencia de género y extranjería

En 2024, el número de expedientes iniciados en el ámbito de la justicia gratuita ascendió a 8.184, lo que representa un aumento del 4,15% respecto al año anterior. Las actuaciones se concentran en varios ámbitos, destacando especialmente los procedimientos relacionados con violencia de género (1.135 expedientes) y extranjería (2.139), este último incrementado posiblemente por el aumento de llegadas de pateras.

Además, en cuanto a las asistencias en guardias, se contabilizaron 4.642 actuaciones, con un incremento del 2,67% respecto a 2023, lo que refleja una creciente demanda en el servicio.

El total pagado a los abogados del turno de oficio ascendió a 1.445.522 euros en el último año, pero el problema radica en la desigualdad de los baremos entre comunidades como ha detallado Ángel Méndez.

Entre las reivindicaciones más urgentes de los abogados está el incremento automático anual de los baremos sin necesidad de esperar decretos o leyes, la eliminación de los desequilibrios territoriales en la compensación y la aprobación de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, que está en fase de negociación con el Ministerio de Justicia.

Estas diferencias salariales afectan a la calidad del servicio de justicia gratuita y pueden desincentivar a los abogados a asumir casos en las regiones peor remuneradas. Además, ponen en entredicho el principio de igualdad en el acceso a la justicia, ya que la defensa de los derechos legales puede depender del lugar de residencia.

Para garantizar un sistema más equitativo y eficiente, se considera imprescindible avanzar hacia una homologación de tarifas que asegure que todos los abogados del turno de oficio perciban una remuneración justa, independientemente de la comunidad autónoma donde trabajen.