Aunque anunció que no lo haría, el Gobierno Vasco finalmente ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el auto del Superior de Justicia del País Vasco que le denegaba la implantación en la comunidad autónoma del pasaporte covid para desarrollar ciertas actividades. En un primer momento, el Ejecutivo de Vitoria decidió no presentar este recurso para no judicializar este asunto, tal y como ha hecho en anteriores resoluciones del Tribunal Superior de Justicia contrarias a sus planteamientos.

Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han presentado ahora un escrito en el que piden la validación del pasaporte covid para acceder a determinados lugares y establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales, como vía que "trata de frenar el actual repunte de la pandemia". El gabinete de Iñigo Urkullu defiende la proporcionalidad del establecimiento de la medida ya que toda restricción de derechos debe ser "necesaria y adecuada para proteger un derecho superior como el derecho a la vida y a la protección de la salud".

El Ejecutivo de Urkullu ha remarcado en comunicado que «pese al rechazo del TSJPV y la negativa del Gobierno español a modificar la ley para fijar un criterio común sobre la aplicación de este documento y ante la no adopción ayer de nuevas medidas por parte del Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno Vasco va a agotar las posibilidades para establecer el certificado covid, ya que lo considera una medida que contribuye a la contención de la transmisión del virus».

los servicios jurídicos del Gobierno Vasco alegan que es necesaria una medida de este tipo para contribuir a atajar una nueva ola y para incentivar, «aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía. Asimismo, consideran que la afección necesaria a algunos derechos fundamentales, en este caso libertades individuales, se contrapone con el derecho fundamental a la vida y la salud pública, que debe prevalecer por encima de todo».

Frente a la consideración del auto judicial de que el pasaporte covid afectaría, además de a los derechos a la igualdad y a la intimidad, al derecho de reunión, a la libertad de desplazamientos y a las libertades de expresión y creación artística, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco sostienen que «dichos derechos no precisan para su desarrollo que su ejercicio se realice en los locales donde se impondría la exigencia del certificado covid. En este sentido, añade que la medida se refiere a locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales, a los que se tenga la obligación de acudir».