El Gobierno vasco cambiará el sistema de comedores el próximo curso

El texto acordado por unanimidad en el Parlamento vasco pide al Gobierno de Urkullu que elabore en cuatro meses un nuevo sistema de gestión de los comedores escolares para que entre en vigor el próximo curso 2020-2021 y permita elegir a cada centro su modelo, incluido el de tener cocina propia, algo que debería garantizar el Ejecutivo autonómico. Desde Podemos, grupo proponente, José Ramón Becerra, ha señalado que es un “objetivo de país” tener el mejor modelo de comedores por la salud de los más de 90.000 niños que en Euskadi utilizan el jantoki y para hacer frente a la tasa de obesidad vasca que supera el 11%, el triple de la de paiíses como Japón. El socialista Jose Antonio Pastor, ha confiado en lograr un mayor rigor en el “control” y la jeltzale Irune Berasaluce ha querido aclarar que respaldar esta iniciativa no supone asumir que el actual sistema no sea bueno, pero están dispuestos a mejorarlo.

Efecto regenerador

Desde el PP, Carmelo Barrio, se ha felicitado por aprobar una medida responde a los “efectos regeneradores” de la comisión de investigación de los comedores escolares. Y es que la iniciativa de la formación morada llega días después de que la oposición aprobase el dictamen de dicha comisión parlamentaria que determinó responsabilidades políticas por la inacción de cuatro consejeros de Educación ante los indicios del pacto ilegal que alcanzaron varias empresas de catering y que supuso un sobrecoste de más de 70 millones.

Modelos posibles

El Departamento de Cristina Uriarte lleva meses trabajando, junto con los agentes educativos implicados, en la definición de un modelo que posibilite a las asociaciones de madres y padres (AMPA) hacerse cargo de la gestión de estos espacios si así lo deciden los centros. A través del texto aprobado, la Cámara considera que el actual sistema precisa de “cambios y de mejoras” en sus procedimientos de adjudicación y un sistema que permita a los centros que opten por una gestión “innovadora y descentralizada”. Para ello, emplaza a Educación a que en un plazo de cuatro meses y en colaboración con los agentes de la comunidad educativa lleve a cabo un análisis de los diferentes modelos de gestión descentralizada posibles.