Crimen de Otxarkoaga: Cuando los hechos trastocan nuestras convicciones

El 18 de enero de 2018, el barrio bilbaíno de Otxarkoaga amanecía con la peor de las noticias: Lucía y Rafael, una pareja de ancianos de 87 años, aparecían brutalmente asesinados en su domicilio de la calle Zizeruena, número 16. Tres días después, la Ertzaintza detenía a tres menores como presuntos autores del crimen. Dos de ellos tenían 14 años; el tercero, 16.

Una historia que desgarra por su crudeza y que plantea incómodas preguntas: ¿a quién protegemos cuando el agresor y la víctima pertenecen a colectivos vulnerables? ¿Qué papel han jugado la familia, el entorno y las instituciones? ¿Es posible la reinserción ante actos tan atroces? 

Un crimen premeditado y salvaje  

Según la investigación, el mayor de los implicados convenció a los otros dos de que la pareja guardaba dinero y joyas en casa. La noche previa al asesinato durmieron juntos y sustrajeron un cuchillo de cocina para intimidar a las víctimas.

Los dos menores de 14 años accedieron a la vivienda escalando por un canalón. Una vez dentro, agredieron con extrema violencia a Lucía y Rafael. Ambos fallecieron a causa de múltiples golpes en la cabeza y diversas puñaladas. Tras el crimen, los asaltantes huyeron con un escaso botín de dinero y joyas.

“Cuesta creer que unos chicos tan jóvenes sean capaces de semejante ensañamiento. Pero lo fueron. Y lo peor es que no fue un arrebato: lo planearon”, explica César Charro, experto en seguridad y colaborador habitual en análisis de sucesos criminales en COPE Euskadi. 

Perfiles marcados por la exclusión  

Los menores vivían en un entorno marcado por la delincuencia, el absentismo escolar y el consumo precoz de sustancias. Uno de ellos estaba fugado de un centro de acogida de la Diputación Foral de Bizkaia. Tras las detenciones, se descubrió que al menos 30 menores estaban desaparecidos de la red de protección infantil, sin que se supiera su paradero.

Las familias de los implicados no mostraron arrepentimiento ni empatía hacia las víctimas. Según testigos, incluso llegaron a aplaudir a los menores durante su llegada al juzgado y a amenazar a policías, periodistas y abogados de la acusación. 

 ¿Reeducar o castigar?  

El caso reabrió el debate sobre la Ley Penal del Menor. Los dos chicos de 14 años fueron internados seis años en régimen cerrado, con tres adicionales de libertad vigilada. El tercero, inicialmente absuelto, fue condenado a un año en semilibertad. Ninguno fue juzgado como adulto.

“Cuando la sangre salpica desde las portadas, se tambalean nuestras convicciones. Queremos castigo, ejemplaridad. Pero hay que decidir: ¿queremos venganza o transformación?”, reflexiona Charro.

Tres años después, ambos autores materiales ya disfrutaban de salidas del centro. Uno de ellos se fugó y fue detenido meses más tarde en casa de sus familiares. 

El problema de fondo  

Para Charro, no se trata solo de reformar leyes, sino de intervenir en entornos destructivos desde una etapa mucho más temprana:

“A veces habría que alejarlos de sus familias, por muy duro que suene. Si en casa les aplauden por matar, ¿qué futuro pueden tener?”, sentencia.

En los centros de menores no hay celdas, sino aulas, educadores, salidas con condiciones y opciones de reintegración. Pero no todos los jóvenes logran adaptarse. Algunos, como en este caso, acaban siendo líderes temidos y admirados por su historial violento, incluso dentro de los propios centros.