¿Qué significa el acoso inmobiliario y cómo se combate?

Navarra cada vez está más cerca de tener una nueva ley sobre “vivienda asequible”. Este jueves, el Pleno del Parlamento de Navarra, ha aprobado, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PPN, Grupo Mixto y no adscrita, la toma en consideración de la Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible en Navarra.

Esta nueva norma modifica la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, así como el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

OBJETIVOS DE LA NUEVA NORMA  

La Ley Foral impulsada por los socios de Gobierno foral y EH Bildu, tiene como objetivo “dar respuesta a la situación de emergencia habitacional surgida en Navarra” para, adecuando la normativa a la evolución del mercado inmobiliario y a los cambios estructurales -económicos, sociales y demográficos- que mediatizan la existencia de un parque residencial adecuado a un precio asequible, tratar de favorecer el acceso ciudadano a la vivienda, en especial de los colectivos en riesgo de exclusión residencial.

Según han defendido en el pleno de la cámara los impulsores de esta nueva ley, para diversificar las tenencias, fomentar la promoción y rehabilitación de viviendas y favorecer la colaboración público-privada, se introducen una serie de previsiones dirigidas, entre otros, a la revisión de los regímenes de calificación de las viviendas protegidas, de los procedimientos de adjudicación y de las figuras residenciales.

Con la nueva norma, desaparecería del régimen de arrendamiento con opción de compra y la incorporación de la fórmula del arrendamiento asequible, así como del estatuto de propiedad, cuya titularidad ahora podrá ser plena o en derecho de superficie.

CAMBIOS EN LA ADJUDICACIÓN DE VPO POR SORTEO  

Además, en cuanto a los procedimientos de adjudicación, se sustituye el sistema de baremación en los procesos de acceso a viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible, por el método de sorteo, en el caso de reservas generales destinadas a determinados grupos de población.

Así, Navarra adjudicará por sorteo las viviendas protegidas de alquiler primando a jóvenes y mayores de 60. En este sorteo, “un 50% se destinará a personas menores de 35 años o mayores de 60 y la otra mitad para el resto”, han explicado.

Por otro lado, se introducen nuevas figuras residenciales, como los alojamientos dotacionales, configurados como equipamientos comunitarios de titularidad pública orientados a atender, de forma rotatoria, situaciones específicas de dificultad en el acceso a un hospedaje digno por parte de determinados colectivos sociales.

En relación con el refuerzo del parque público de vivienda, se defiende la ampliación de funciones del Banco Foral de Suelo Público, al que se habilita para poder destinar los bienes que lo integran a alojamientos dotacionales, además de a vivienda protegida. Y cuya promoción se faculta, mediante la adjudicación del derecho de superficie por el sector público, sociedades de capital mixto dedicadas a la gestión de viviendas protegidas, cooperativas de viviendas o entidades del tercer sector.

 GRANDES TENEDORES Y ACOSO INMOBILIARIO  

Del mismo modo, se contempla la creación y regulación del nuevo Registro de Grandes Tenedores de Vivienda.

Se considera a “grandes tenedores de vivienda” a las personas físicas o jurídicas que posean cinco o más inmuebles. Este registro permitirá aplicarles las medidas de control de precios en áreas identificadas como zonas de mercado residencial tensionado. Según los proponentes, “esto facilitará que quienes buscan alquilar una vivienda puedan verificar si el propietario es un gran tenedor y, en tal caso, exigir que el precio se ajuste a los límites legales establecidos”.

La reforma legal también incorpora nuevas formas de discriminación en el acceso a la vivienda, incluyendo actitudes racistas, xenófobas, o discriminación basada en la orientación sexual, discapacidad o situación económica. Estas conductas serán consideradas infracciones graves dentro de un nuevo marco sancionador. Además, se introduce el concepto de "acoso inmobiliario", definido como cualquier acción, omisión o abuso que tenga como objetivo forzar a alguien a dejar su hogar en contra de su voluntad. Esto puede manifestarse a través de presiones, deterioro deliberado de la vivienda, inducción al impago, amenazas u otras conductas que generen un entorno hostil.

Por último, la nueva normativa establece que quienes rechacen sin justificación una vivienda que se ajuste a las condiciones y preferencias previamente señaladas en su solicitud serán excluidos del censo durante dos años. Esta medida pretende “asegurar que las viviendas se asignen a personas que realmente las necesitan y están interesadas en acceder a ellas”, aseguran.

Tras su admisión a trámite, la proposición de Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible en Navarra será elevada a la Comisión de Vivienda, donde será dictaminada antes de ser devuelta al Pleno para su definitivo debate y votación.