La Fiscalía ha archivado las denuncias presentadas en La Rioja por el Partido Popular, el 8 de abril, y de Vox, el 20 de abril, para depurar responsabilidades penales por la situación vivida en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia del COVID-19, ya que "no existe indicio alguno de actuación penal", según ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

En el escrito de la Fiscalía se indica que se iniciaron diligencias de investigación en varias fuentes. Entre ellas, se señala que "ni el cuerpo de bomberos, ni las policías municipales de toda la Comunidad Autónoma, tuvieron intervención alguna, ni registraron conducta delictiva o de abandono alguna".

Además, se ha añadido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no confeccionaron atestado alguno en el que se detectase muerte o trato indebido sobre ninguna persona relacionada con el COVID-19".

"La Consejería de Salud vino a remitir a la Fiscalía cuantos informes le fueron solicitados y con la periodicidad exigida que hoy todavía se mantiene, sin que se haya detectado actuación incorrecta alguna", apunta el escrito.

En el mismo, también se recoge que los servicios funerarios "reconocieron un incremento enorme para cubrir las pompas fúnebre, llegando en ocasiones a retrasos de varias horas en atender su servicio, sin que ello se debiera ni a mala praxis ni a alcanzar abandono alguno en su deber".

"SIN ABANDONO"

Además, "tampoco se ha detectado abandono alguno de su puesto de trabajo de ningún profesional sanitario, ni que esto hubiera supuesto una falta de atención a los residentes, teniendo en cuenta que las residencias nunca se han pretendido convertir en centros hospitalarios, ni siquiera sanitarios de día".

El escrito del Fiscal ha apuntado que "tampoco se ha detectado ningún abandono de residentes en los centros hospitalarios, ni fallecimientos sin auxilio médico, ni expulsiones de los hospitales de los más mayores necesitados de medicación".

También se indica que "lo limitado de los medios disponibles por los hospitales ha supuesto que en determinados momentos la totalidad de los respiradores estuviesen siendo utilizados y hubieran sido precisos un mayor número de ellos", para a continuación reseñar que "ni el número de respiradores, ni la priorización en su uso por el personal médico, suponen infracción alguna de carácter penal, ni mucho menos una posible sospecha de que pudieran ser autores de delitos de homicidios por dolo o imprudencia".

Fiscalía ha señalado que "la mera posibilidad de acusación del personal que ha luchado contra la pandemia hasta el punto de resultar ellos mismos contagiados resulta del todo punto improcedente, debiendo, por el contrario, resaltarse la gran calidad humana y profesional que han venido demostrando todos y cada uno de los responsables del cuidado y atención de los enfermos contagiados".

Por ello, ha indicado que "no cabe sino el archivo de las presentes actuaciones, entendiendo que no existe indicio alguno de actuación penal en ninguno de los profesionales denunciados de manera tan genérica como el presente caso deducido en estas diligencias informativas".