La Asociación Empresarial para el Fomento y Desarrollo del Comercio Electrónico, Servicios Online e Informáticos de Menorca (ACCESO) presentó un escrito ante el Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en el cual solicitaba al consistorio igualdad de trato y derechos para todos los operadores de telecomunicaciones en el despliegue de la red de fibra óptica del casco antiguo.

Todo ello, al haber tenido conocimiento de un convenio entre dicho Ayuntamiento y la compañía Telefónica, para permitir a éste (operador privado del mercado) el despliegue de fibra óptica en el casco antiguo del municipio para la canalización soterrada que el Ayuntamiento estaba acondicionando, así como por la fachada en las calles donde esta canalización no existiera o no fuera posible.

Desde la Asociación han podido comprobar como Telefónica ha iniciado ya las tareas de instalación de cableado y CTOs (caja terminal óptica) en la infraestructura, que ha sido creada expresamente por la brigada municipal consistiendo en nichos empotrados en las fachadas, imposibilitando la cabida de la instalación de un operador alternativo.

ACCESO quiso recordar que la Ley General de Telecomunicaciones es muy clara en ese sentido, estableciendo éstas como un servicio de interés general que debe prestarse en régimen de libre competencia. Además, los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas.

Por otra parte, la misma Ley establece que las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación y el uso compartidos de elementos de red y recursos asociados, así como la utilización compartida del dominio público o la propiedad privada, en particular con vistas al despliegue de elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad. En cualquier caso, las medidas adoptadas deberán ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.

Finalmente, ACCESO recuerda que las Administraciones públicas deben colaborar a través de los mecanismos previstos en la ley y en el resto del ordenamiento jurídico, a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de comunicaciones electrónicas de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas; y que se deberá prever la instalación de recursos asociados y otras infraestructuras de obra civil para facilitar el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, que se pondrán a disposición de los operadores interesados en condiciones de igualdad, transparencia y no discriminación.