El sector náutico de Baleares estalla contra el Gobierno: la guerra del mar está servida

Las principales asociaciones del sector náutico de Baleares, integradas en la patronal CAEB, han expresado su rechazo frontal a la decisión del Ministerio de Transportes de permitir el alquiler de embarcaciones privadas de recreo durante un máximo de tres meses al año. La medida, que entrará en vigor el próximo 15 de agosto, afecta a las embarcaciones inscritas en la conocida como “lista séptima”, es decir, aquellas registradas para uso exclusivamente particular.

Las entidades implicadas —APEAM, AENIB, AECIB y ANADE— han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su “profunda preocupación” por los posibles efectos de esta medida, que consideran precipitada y poco clara. Aseguran que puede provocar un efecto llamada entre propietarios particulares, fomentar la competencia desleal y dificultar el control de la actividad en el mar.

No se podrá alquilar sin autorización  

Desde el sector aclaran que, a pesar del anuncio oficial, no será legal comenzar a alquilar embarcaciones privadas directamente a partir del 15 de agosto. “Es necesario obtener una autorización expresa para el cambio de uso, sujeta a requisitos técnicos, legales y administrativos”, recuerda Pedro Gil, presidente de la Asociación de Empresas de Chárter de Baleares (AECIB).   

Las patronales exigen al Gobierno que aclare cuanto antes las condiciones concretas para acceder a esa autorización, y que realice una campaña informativa dirigida a usuarios, instalaciones portuarias y autoridades, para evitar interpretaciones erróneas.  

Piden que se excluya a Baleares  

Otra de las principales preocupaciones del sector náutico balear es que esta medida, aseguran, no tiene sentido en el contexto específico de Baleares, donde ya existe un equilibrio entre oferta y demanda en el sector del chárter y una alta presión náutica, especialmente en temporada alta.

Las patronales consideran que lo que puede funcionar en otras comunidades autónomas no es necesariamente aplicable al archipiélago, por sus características ambientales, territoriales y de saturación portuaria. Por eso, piden que Baleares quede excluida de la aplicación de esta nueva normativa.

Asimismo, reclaman el apoyo de la Autoridad Portuaria de Baleares y un refuerzo de la vigilancia marítima, para garantizar que se cumple la ley y se protege la seguridad de los usuarios y el entorno marino.

Por último, insisten en la urgencia de aprobar el decreto autonómico de chárter, actualmente en tramitación por parte del Govern, como herramienta clave para dar seguridad jurídica al sector y combatir el intrusismo profesional.