Las claves del acuerdo PP-Vox que han permitido cerrar los presupuestos de Baleares

Tras meses negociando se ha cerrado el acuerdo entre PP y Vox en Baleares que ha permitido que el Govern de Marga Prohens pueda aprobar los presupuestos de 2025. 

El pacto entre ambas formaciones incluye un total de 43 acuerdos en siete ámbitos que en materia educativa se centran en el fomento del castellano y en el bloque sobre migración abundan en la restricción de las ayudas públicas a los inmigrantes.

El portavoz del PP balear en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha celebrado el acuerdo político con Vox que hará posible la aprobación de los presupuestos de 2025, un pacto político que está respaldado por los 220.000 votos que lograron las dos formaciones en las pasadas elecciones autonómicas.  "Estoy totalmente satisfecho y orgulloso por este acuerdo con Vox, y no me siento incómodo en absoluto", ha respondido Sagreras sobre si los populares se han sentido presionados por el partido de Santiago Abascal a cruzar líneas rojas, como la lengua o la inmigración, lo que el portavoz popular ha negado de manera rotunda.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha declarado "este acuerdo es un antes y un después. No es un pacto cualquiera es el reflejo de que Vox con firmeza y sin complejos es capaz de cambiar las cosas. Este acuerdo es el resultado de un compromiso de poner las instituciones al servicio de los ciudadanos y no de las ideologías".

acuerdo

El acuerdo contempla la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, algo que estaba previsto que se llevara a cabo a finales del año pasado pero que los votos del PP y de la izquierda impidieron.

En materia educativa destaca un punto que habla de modificar la ley balear de Educación para incluir la vehicularidad de las dos lenguas cooficiales de la región y la promoción de las modalidades lingüísticas propias de cada isla "para garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo".

Los 'populares' y los de Santiago Abascal también han pactado avanzar en el plan piloto voluntario de elección de lengua garantizando los recursos suficientes para su aplicación en educación primaria y su extensión a secundaria durante el próximo curso 2025-2026.

El acuerdo también expone la intención de ambos partidos para que al menos un centro educativo al plan piloto voluntario de elección de lengua en todas las comarcas de las Islas antes de final de legislatura.

Asimismo, se pretenden ampliar las adaptaciones curriculares y la exención de la evaluación de lengua catalana para alumnos de familias que se desplazan de manera temporal por razones debidamente justificadas a Baleares y permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza.

bilingüismo

Más allá de las cuestiones concretas, ambos grupos parlamentarios se han abierto a estudiar legislativos y otras medidas "que garanticen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y reflejen la realidad bilingüe de nuestra comunidad", siempre dentro del marco de la ley de normalización lingüística y del Estatuto de Autonomía. 

El documento también contempla una batería de medidas para tratar de garantizar que todos los formularios y trámites de la administración pública dirigidos a los ciudadanos estén disponibles tanto en catalán como en castellano y que éstos puedan elegir la lengua que prefieran.

Por otra parte, se tratará de garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo. Para ello se analizarán las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo "que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido" y se exceptuarán aquellas plazas deficitarias o de difícil cobertura en las que la exigencia lingüística "pueda dificultar la prestación del servicio a los ciudadanos".

El acuerdo también recoge que el personal que se ha estabilizado sin tener el nivel de catalán en su momento requerido, y que dispone de un plazo de dos años para obtener la titulación correspondiente --ahora ampliada a partir del último decreto ley aprobado por el Govern hasta los cuatro años-- no sea removido de su puesto de trabajo. 

 RECHAZO A LOS MENORES MIGRANTES  

En materia de migración también han pactado medidas como no acoger a más menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas ni financiar nuevos centros de acogida para este colectivo.

Asimismo, han consensuado realizar pruebas de edad de mayor fiabilidad y proceder a la tramitación de expulsión de aquellos que no superen dicha prueba ateniendo a las leyes de extranjería. El PP y Vox también han planteado la posibilidad de colaborar con los consells insulares en la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes a sus países de origen.

Siguiendo en materia migratoria, se establece un mínimo de tres años de residencia para la ayuda de emancipación a extutelados y se condiciona la percepción de la renta social y, salvo causa justificada, a participar en itinerarios de inserción laboral a quienes acrediten este mismo tiempo de residencia legal

En una línea similar, se buscará suprimir las ayudas de cooperación con países que no colaboren con el retorno de migrantes, a las "organizaciones islamistas" y a asociaciones u ONG "que colaboran con el tráfico de personas y la inmigración irregular".

Estos son, de forma sintética, algunos de los principales acuerdos del documento suscrito este viernes por los portavoces parlamentarios de PP y Vox:

 Presupuestos  

- Mantener la retirada de subvenciones a patronales y sindicatos

- Limitar la promoción del catalán a los cursos de formación y la promoción de escritores locales y las modalidades baleares del idioma.

 Inmigración  

- No acoger menores extranjeros no acompañados llegados a otras regiones ni financiar nuevos centros para atender a niños y adolescentes inmigrantes.

- Fijar un mínimo de tres años de residencia para las ayudas de emancipación a inmigrantes extutelados.

- Excluir de la Renta Social y los itinerarios de inserción laboral a inmigrantes con menos de tres años de residencia.

- Retirar subvenciones a asociaciones "que colaboran con el tráfico de personas"

- Suprimir las ayudas a "organizaciones islamistas".

 Vivienda  

- Establecer el requisito de cinco años de residencia para ayudas al acceso a la vivienda.

- Simplificar la legalización de viviendas.

- Rebajas fiscales para propietarios víctimas de ocupación y limitar las ayudas sociales a los okupas.

 Educación  

- Modificar la Ley de Educación para que las dos lenguas oficiales sean vehiculares y garantizar el conocimiento del español.

- Impulsar con más recursos el plan piloto de libre elección de lengua y extenderlo a Secundaria el próximo curso.

- Garantizar que haya al menos un centro adherido al plan piloto en cada comarca.

- Hacer una campaña publicitaria para que las familias conozcan el derecho de elección de lengua de cara al curso 25-26.

- Rebajar las notas necesarias para obtener los títulos de catalán B2 y C1 al finalizar la Secundaria y el Bachillerato.

 Administración  

- Asegurar la disponibilidad de versiones en las dos lenguas oficiales en todos los formularios y trámites.

- Garantizar que el catalán "no penalice" para acceder a bolsas públicas de trabajo y rebajar o suprimir el requisito de su conocimiento en todos los puestos que no impliquen atención al público y en las plazas de difícil cobertura.

 Agricultura  

- Habilitar fondos para "compensar" a los payeses por los perjuicios del Pacto Verde Europeo.

 Memoria democrática  

- Derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos.