¿Qué piden los usuarios del tren de Media Distancia de Renfe en Galicia ante el inminente fin de los abonos gratuítos?

El próximo mes de julio se cumple el plazo previsto para la gratuidad de los abonos de Renfe para trenes de Media Distancia, implantados en 2022 como medida temporal para paliar el alza de precios provocada por la guerra de Ucrania. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la compañía ferroviaria volverá a un sistema de tarjetas bonificadas, con descuentos que podrían situarse en torno al 60 %.

Aunque se trata de una mejora respecto a la tarifa completa, muchos usuarios gallegos ya han empezado a hacer cuentas y reclaman que se mantenga la gratuidad total o, al menos, se ajusten los precios a criterios sociales que garanticen el acceso universal al transporte público ferroviario.

Abonos más justos y adaptados a los perfiles

Para Alejandro Tesouro, portavoz de la plataforma de usuarios de Media Distancia en Galicia, las tarjetas con descuento son una buena solución, pero deben tener en cuenta factores como la renta, las cargas familiares o la condición de viajero frecuente. En su opinión, si se quiere fomentar el uso del tren como alternativa sostenible, debe seguir siendo “un medio de transporte para todos y no solo para unos pocos”.

Tesouro recuerda que, pese a las ventajas del ferrocarril, los usuarios siguen enfrentándose a problemas frecuentes de retrasos o averías, lo que genera desconfianza. En este contexto, considera que es imprescindible que Renfe reconfigure los nuevos abonos pensando en el usuario habitual, que usa el tren a diario para ir al trabajo o estudiar.

Dos años de gratuidad que marcaron la diferencia

Desde su entrada en vigor en 2022, los abonos gratuitos han transformado la movilidad ferroviaria en Galicia, especialmente para quienes se desplazan entre ciudades por motivos laborales, educativos o sanitarios. Para muchos viajeros, supusieron un ahorro económico sustancial que permitió mantener sus rutinas pese al contexto inflacionario.

La incertidumbre sobre el futuro del sistema —que cambiará en apenas tres semanas— ha reactivado el debate sobre el papel del tren como servicio público y la necesidad de garantizar que su acceso no esté condicionado por criterios puramente económicos.