La Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), mediante un anuncio de la Dirección General del Agua, ha sometido a información pública el proyecto para el Plan de gestión del riesgo de inundación (PGRI) en la demarcación del Miño-Sil de segundo ciclo, que contempla medidas valoradas en unos 55 millones de euros.

Los documentos que se someten a información pública forman parte de la tercera y última fase de la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y el plan resultante se integrará en la propia planificación hidrológica de la Demarcación.

En la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil se han determinado 268 tramos de Áreas con Riesgo Significativo de Inundación (ARPSI), organizadas en 26 agrupaciones (23 fluviales puras, 2 fluviales-pluviales y una fluvial-aguas subterráneas), con una longitud total de 597,42 kilómetros.

Para cada una de esas áreas se han generado los correspondientes mapas de peligrosidad y riesgo.

242 kilómetros cuadrados

Asimismo, los estudios realizados concluyen que se podrían ver afectadas por inundaciones de baja frecuencia hasta 29.965 habitantes, una superficie de 242,38 kilómetros cuadrados y hasta 149 elementos de singular importancia (centros sanitarios, educativos, culturales, depuradoras…).

Como principal avance en la planificación del riesgo se encuentra el estudio y consideración de las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de las inundaciones.

El proyecto contempla medidas por un importe de 55 millones de euros, frente a los 27 millones de euros contemplados en el primer ciclo, de las cuales 41 millones se corresponden con iniciativas de carácter continuo y 14 millones con medidas de carácter puntual.

Entre estas medidas destaca el mantenimiento y conservación de cauces, la restauración hidrológico-forestal y las ordenaciones agrológicas; la mejora de la permeabilidad de infraestructuras; la predicción de avenidas, gestión de embalses y mejora de los sistemas de alerta hidrológica; planes de emergencia y autoprotección, protocolos de activación y de comunicación; adaptación del planeamiento urbanístico, reordenación de usos del suelo y promoción de seguros.

También se contemplan medidas estructurales, como encauzamientos, con estudios de coste beneficio.

Para la ejecución de estos trabajos será fundamental la coordinación y colaboración de todos los agentes implicados, como los organismos de cuenca, Protección Civil y UME, administraciones competentes en ordenación del territorio, entidades responsables de seguros e investigadores, informa la propia CHMS en un comunicado.