El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega que establece medidas de control de las personas enfermas por covid, como el aislamiento en domicilio o centro hospitalario o la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse.

A juicio del Ejecutivo, estas previsiones contempladas en el artículo 5 de la ley de salud de Galicia, y que restringen derechos fundamentales, solo se pueden regular mediante una ley orgánica, que como tal debe ser dictada por el legislador estatal, no autonómico.

El Gobierno ha tomado esta decisión siguiendo el pronunciamiento del Consejo de Estado, después de que le solicitara un dictamen con carácter urgente.

Una vez que sea presentada formalmente la impugnación ante el Tribunal Constitucional se producirá la suspensión automática del artículo recurrido.

El tribunal tiene un plazo máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.