San Sadurniño y As Pontes recibirán cerca de tres millones del Gobierno para impulsar infraestructuras

Los municipios de San Sadurniño y As Pontes recibirán cerca de tres millones de euros del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para desarrollar nuevas infraestructuras en el marco de su reconversión energética e industrial.

La resolución definitiva, publicada este martes por el MITECO, incluye un total de 25 millones de euros en ayudas para 19 proyectos municipales de toda España. El objetivo es crear infraestructuras sociales, ambientales y digitales en zonas especialmente afectadas por el cierre de centrales térmicas o la descarbonización industrial.

ayudas en as pontes y san sadurniño

En el caso de Ferrolterra, destaca la ayuda de 1,5 millones de euros a As Pontes, que se destinarán a la recuperación del patrimonio industrial y minero, uno de los ejes clave en la reconversión de este municipio tras el cierre de la central térmica. San Sadurniño, por su parte, también contará con una aportación significativa, dentro de los casi tres millones que se reparten entre ambos ayuntamientos coruñeses. Proyectos con impacto en zonas rurales

Las ayudas, financiadas en parte por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y por fondos propios del ITJ, buscan impulsar el desarrollo sostenible y frenar la pérdida de población en áreas rurales. De hecho, un 68% del total recae en municipios con menos de 5.000 habitantes, y un 16% en localidades con menos de 500.

Los proyectos seleccionados han sido evaluados por el MITECO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las diputaciones y el propio ITJ. En Galicia, se enmarcan dentro del Convenio de Transición Justa, al igual que en otras comunidades como Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón.

El Gobierno detalla que el 51% de estos fondos irá destinado a la rehabilitación de edificios para usos empresariales y digitales, el 25% para infraestructuras sociales —incluidas viviendas de alquiler— y el 24% a actuaciones medioambientales y turísticas.