Las empresas de transporte de A Coruña denuncian una escalada de violencia en la huelga y exigen el cese de sabotajes para negociar

Las asociaciones empresariales del transporte de viajeros en autobús de la provincia de A Coruña (ANETRA, ASGATRAVI, TRANSVIAC y TRANSGACAR) han denunciado públicamente la situación de violencia y coacción que atraviesa el sector tras dos meses de conflicto. Según informan las patronales, el vandalismo ha impedido la prestación de los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia, agravando el perjuicio para los ciudadanos.

Las empresas contabilizan daños en unos 70 autobuses, de los cuales más de la mitad pertenecen a compañías integradas en Transgacar. La lista de incidencias reportadas incluye la rotura de lunas, el pinchazo de ruedas, sabotajes en las baterías, robo de llaves y pintado de retrovisores.

Estos actos vandálicos se han registrado en múltiples puntos de la geografía gallega, afectando a localidades como Muros, Muxía, Cee, Carballo, A Coruña, A Estrada, Lestedo (Boqueixón), Negreira, A Baña, Portomouro (Val do Dubra), Betanzos, Cortiñán (Bergondo) y Ferrol. Las organizaciones destacan que, incluso tras solicitar los sindicatos retomar la negociación el pasado 22 de enero, se produjeron nuevos sabotajes esa misma noche y durante la jornada del viernes 23, con robos de llaves en Muros y daños en microbuses en Noia y Pontevedra.

Los usuarios del transporte en Ferrolterra inician una recogida de firmas ante el "caos" de las huelgas

 Condiciones para retomar el diálogo  

Las organizaciones empresariales han sido tajantes: la única condición para volver a la mesa de negociación es el cese inmediato de los actos de violencia. Ante el incumplimiento de esta premisa, las patronales exigen ahora que las centrales sindicales condenen de forma "clara y contundente" estos actos en un acta oficial antes de retomar los contactos.

"La solución a las demandas laborales no se encontrará mediante la violencia, sino en la mesa de negociación con propuestas realistas", señalan las asociaciones, que mantienen su compromiso de negociar hasta alcanzar un acuerdo una vez que se garantice el respeto a la legalidad y a los servicios mínimos.