El sector del transporte escolar acusa a la Junta de "amenazas" y "graves incumplimientos"

Las empresas de transporte escolar que mantienen un conflicto con la Junta de Extremadura por este servicio han aseverado este martes que "nunca han solicitado nada ilegal" y enmarcan la falta de acuerdo en los "graves incumplimientos" del Ejecutivo regional.

De esta forma las empresas replican a las declaraciones realizadas este pasado lunes por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, tras una reunión con estas empresas que acabó sin acuerdo, y en las que señalaba que el sector había solicitado compromisos "fuera de ley".

Ahora, a través de una nota de prensa conjunta, estas más de 40 empresas extremeñas del sector del transporte escolar recuerdan que "libremente han decidido no presentarse a las últimas licitaciones publicadas por la Administración autonómica", y desmienten "rotundamente" las declaraciones de la consejera de Educación, que tachan de "falsas e infundadas".

Según señalan, "la raíz de este conflicto es el grave incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre Administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo de 2025", lo que supone "el motivo real por el que el servicio de transporte escolar se ha visto afectado", y que está generando "una situación de caos e indignación en numerosas familias en estos primeros días de curso".

Las empresas insisten en que su objetivo es "ofrecer un servicio de calidad" para los alumnos y unas "condiciones justas tanto para los trabajadores como para las propias compañías", tras lo que han lamentado que la situación generada fue "agravada sobremanera" por la consejera de Educación en sus declaraciones tras la reunión de este lunes.

Estas empresas explican que "tras meses de diálogo", el 12 de marzo de 2025, la consejera de Educación les entregó un documento firmado en el que se comprometía a una serie de cuestiones, entre ellas, la modificación del Acuerdo Marco vigente y la inclusión de nuevos precios para las diferentes categorías de rutas.

 LAMENTAN EL "ENGAÑO"  

Así, en un "un acto de buena fe", las empresas aceptaron la formalización de contratos menores "con el único objetivo de poder finalizar el curso escolar 2024/25, a pesar de que las tarifas ya no cubrían los costes en ese momento", y confiaron en el documento firmado por la consejera en el que se recogía para el nuevo curso escolar las nuevas condiciones acordadas y prometidas se pondrían en marcha.

Sin embargo, relatan que "la sorpresa y el engaño llegaron" cuando la Consejería de Educación les comunicó que continuarían adelante con la tramitación del Acuerdo Marco sin realizar en él modificación alguna, "incumpliendo con ello lo prometido, acordado e incluso firmando tan solo unos meses atrás".

Ante esta situación, estas empresas muestran su rechazo a las actuaciones de la Consejería de Educación, que "ha estado sin pagar durante meses por los servicios de transporte escolar debidamente realizados", con lo que ha estado "poniendo con ello en riesgo su viabilidad y la subsistencia de las familias de sus trabajadores, ya que algunos transportistas aún tienen parte de la deuda del curso pasado sin cobrar", señalan.

Por todo ello, estas más de 40 empresas quieren desmentir "de forma tajante" las declaraciones realizadas por Vaquera este lunes, en las que aseguró que habían pedido "firmar compromisos contrarios a la ley" y que habían ejercido coacciones, tras lo que apuntan que "la propia consejera ni siquiera ha estado presente en las últimas conversaciones".

Ante estas críticas, el sector replica que "nunca ha solicitado nada ilegal" y recuerda que "todas sus reivindicaciones ya están implantadas de manera legal en otras comunidades autónomas", señalan.

 HABÍA ACUERDOS VERBALES  

Añaden que durante las negociaciones mantenidas este fin de semana, las empresas y la Administración "habían alcanzado de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad" y ofrecían una "base de entendimiento" para avanzar en la resolución del conflicto, tras lo que apuntan que "la sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron que esos puntos pactados no figuraban en el texto, lo que generó desconfianza e incredulidad entre los representantes empresariales", señala.

Esta situación, unida a los "reiterados incumplimientos" previos por parte de la consejera de Educación de compromisos firmados, "ha terminado por minar la confianza del sector", que considera que la Administración "carece de seriedad y compromiso real para con sus interlocutores".

De hecho, las empresas recuerdan que no es la primera vez que ocurre algo similar, ya que en "al menos cinco ocasiones la consejera ha incumplido lo acordado", lo que a juicio de estas empresas, "refuerza la percepción de que su palabra no ofrece garantías y aumenta la desconfianza hacia la gestión" de Vaquera.

 ALUDEN A "AMENAZAS"  

Finalmente, las empresas del sector aseguran que en la tarde-noche del pasado jueves 11 de septiembre de 2025 "varios supuestos empleados públicos se presentaron en los domicilios particulares de distintos empresarios del transporte con intenciones desconocidas", y "aunque fueron identificados, ninguno de ellos llegó a ser atendido, lo que generó inquietud y desconfianza entre las familias afectadas".

A este episodio se suma lo ocurrido en la noche de este pasado lunes, cuando "algunas compañías recibieron llamadas telefónicas en las que se las presionaba de manera directa para que retomaran de inmediato el servicio de transporte escolar", e incluso llegaron a "amenazarlas con emprender acciones legales si no se presentaban a realizar los trayectos", aseguran estas empresas.

El sector considera que este tipo de actuaciones "no solo son inaceptables", sino que también "evidencian una estrategia de intimidación que agrava aún más la falta de confianza hacia la Consejería y aleja cualquier posibilidad de diálogo constructivo", señalan.

A pesar de todo ello, el sector asegura que "siempre está en posición de negociar y dejar atrás este conflicto", para lo que consideran "fundamental que no existan presiones y denuncias penales de por medio" y que consejera de Educación "cumpla con todos y cada uno de los acuerdos a los que se ha comprometido con el sector, incluido el del pasado 12 de marzo de 2025", señalan.