PP y Vox acuerdan un decreto para evitar la parálisis del Gobierno en funciones de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley para modificar la Ley 4/2015. El objetivo es adaptar la situación de un Gobierno en funciones a las necesidades de los ciudadanos y garantizar el funcionamiento ordinario de la Administración.

Esta norma ha sido consensuada con el grupo parlamentario de VOX, partiendo de la idea de que un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia, pero sin que ello suponga una parálisis administrativa que perjudique a los ciudadanos.

Una ley demasiado rígida

La regulación vigente hasta ahora era considerada excesivamente rígida, siendo más restrictiva que la legislación estatal. En la práctica, la Ley 4/2015 imponía limitaciones que, según el Ejecutivo, iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria.

El decreto-ley subraya que estas limitaciones podían afectar a la prestación de servicios públicos, un riesgo que se agrava cuando la interinidad del Gobierno se prolonga y coincide con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario.

Garantía de servicios y fondos

Con este cambio, la Junta corrige los límites que impedían avanzar en actuaciones necesarias, siempre que existan razones de urgencia o interés general. La norma facilita ahora la firma de convenios, la tramitación de expedientes y la gestión de fondos públicos finalistas.

El texto advierte que la regulación anterior ponía en riesgo la ejecución de estos fondos en áreas esenciales como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales.

Viabilidad para oposiciones y ayudas

En el ámbito de las subvenciones, se podrá dar continuidad a ayudas directas a entidades que desarrollan actividades de interés general, especialmente en servicios sociales. En materia de función pública, se evita que la interinidad paralice actuaciones ordinarias sujetas a plazos, como la convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Maestros.

En resumen, con esta iniciativa, el Gobierno regional busca garantizar el funcionamiento de la Administración, proteger los servicios públicos y asegurar la ejecución de fondos para no perjudicar la atención a los ciudadanos de Extremadura.