La Fiscalía entiende que no hay un delito de desobediencia en los cuatro cargos del ministerio que no acudieron a la comisión de investigación del regadío de Tierra de Barros

El PP afirma que estas personas sí aceptaron comparecer de manera telemática, pero declinaron hacerlo cuando se les indicó que debían estar presencialmente

Comisión de Investigación del Regadío de Tierra de Barros

Comisión de Investigación del Regadío de Tierra de Barros

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

La Fiscalía de Extremadura ha archivado el escrito-denuncia presentado por la Asamblea de Extremadura en virtud de un acuerdo de la Mesa de la comisión de investigación del regadío de Tierra de Barros sobre las responsabilidades que pudieran derivarse de la incomparecencia de cuatro cargos del ministerio que fueron llamados a dicha comisión, el pasado 11 de junio.  

Los cuatro cargos son Federico Rodríguez García de la Torre (subdirector general de Programación y Coordinación de la Dirección General de Desarrollo Rural), José Ángel Cuevas Santos (jefe de servicio de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural), Cristina Clemente Martínez (subdirectora general de Regadíos) y Fernando Aranda Gutiérrez (director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana).

Los 'populares' ponen el foco en la secretaria de Estado de Agricultura, García Bernal, que está llevando a cabo un "boicot"

El Partido Popular había denunciado que estas cuatro personas se habían negado reiteradamente a asistir, incluso tras ser citadas en dos ocasiones, apoyándose en un escrito de la Abogacía del Estado.

El PP pone en el foco a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, quien, según los ‘populares’, está llevando a cabo un “boicot” contra la comisión. Además, apuntan los ‘populares’ que estos cuatro cargos sí aceptaron comparecer por vía telemática y que declinaron hacerlo cuando se les dijo que debían estar presencialmente.

La Fiscalía argumenta que las comisiones parlamentarias regionales se limitan a asuntos dentro de la competencia de la comunidad autónoma

La cuestión jurídica clave es si la Asamblea de Extremadura tenía la autoridad para obligar a estos cargos a declarar. La Fiscalía afirma que no tienen la obligación de acudir, argumentando que las facultades de investigación de las comisiones parlamentarias regionales se limitan a asuntos y personas dentro del ámbito de competencia de la Comunidad Autónoma, por lo que entiende que no cabe el delito de desobediencia.

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