La Delegación del Gobierno en Extremadura aclara que las sanciones a agricultores son debidas a un corte de carretera no autorizado

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha salido al paso de las acusaciones de La Unión sobre supuestas intimidaciones a agricultores. El organismo ha justificado la tramitación de cinco sanciones por los incidentes registrados en la tractorada del pasado 16 de enero, entre ellas la de 3.000 euros al secretario general de La Unión, Luis Cortés. Según la Delegación, los hechos supusieron una alteración grave de la seguridad ciudadana y vial.

Una movilización sin permiso para cortes

En un comunicado, la Delegación aclara que el 7 de enero las organizaciones agrarias, incluida La Unión Extremadura, solicitaron autorización para dos manifestaciones los días 16 y 23 de enero. La comunicación especificaba marchas lentas de tractores en varios puntos, como la N-430 o la N-432, pero "en ningún momento se recogía la intención de llevar a cabo cortes de carreteras".

Casi tres horas de bloqueo en la N-430

Sin embargo, los informes de la Guardia Civil constatan que en la N-430 se produjo un corte de vía no comunicado que se prolongó desde las 13:51 hasta las 16:45 horas. Un grupo de personas ocupó la calzada a pie, impidiendo por completo la circulación durante cerca de tres horas, lo que afectó a una carretera de titularidad estatal.

Algunas de las sanciones se derivan, según la Delegación, por "desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad". El comunicado subraya que la conducta de algunos sancionados fue determinante al tratarse de "una actitud sostenida en el tiempo y ejercida desde una posición de liderazgo efectivo", lo que supuso un menoscabo relevante del principio de autoridad y "una voluntad manifiesta de agravamiento del conflicto".

Una actitud sostenida en el tiempo y ejercida desde una posición de liderazgo efectivo"

Delegación del Gobierno