El acuerdo in extremis entre Partido Socialista y Partido Popular ha permitido que la Propuesta de Ley de Administración Más Ágil haya salido adelante en la Asamblea de Extremadura pese a las críticas recibidas en las últimas horas. Esta norma, junto a la LEGIO (Ley de Grandes Instalaciones de Ocio) y la LOTUS (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible) eran claves durante esta Legislatura. 

El objetivo de esta norma es hacer "una administración más rápida" y ágil para que lleguen proyectos de inversión a Extremadura. Aunque la discordia estaba en el punto en el que la norma permitía al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en exclusiva decidir la catalogación de 'Proyectos Empresariales de Interés Autonómico', anteriormente conocido como Proyecto de Interés Regional (PIR). Un apartado que el PSOE ha retirado para facilitar la aprobación de la ley. 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido "el trabajo de todos los grupos" para permitir que en la jornada de hoy se hayan podido aprobar tres nuevas normativas, entre ellas ésta para hacer una administración más ágil, algo que sitúa a Extremadura "a la cabeza" de las comunidades autónomas donde es más fácil y rápido invertir, ya que esta regulación simplifica 48 procedimientos instaurando el "silencio positivo". 

También el líder del Ejecutivo autonómico ha querido zanjar la polémica existente con esta normativa, asegurando que "si los ayuntamientos no quieren, no habrá proyectos mineros", dejando claro que esta Propuesta de Ley "no iba para proyectos concretos". Además ha destacado el clima de diálogo durante estos cuatro años de Gobierno, ya que se han aprobado "21 iniciativas con Podemos, 20 con el PP y 18 con Ciudadanos". 

PODEMOS Y VOX EN CONTRA

La Propuesta de Ley tan sólo ha contado con el 'sí' del PSOE y la abstención de PP y de Ciudadanos. Han votado en contra tanto Podemos como el diputado no adscrito de la Asamblea de Extremadura y afiliado a VOX, Juan Antonio Morales. Pese a la retirada del punto de la discordia y que dejaba la potestad en el Consejo de Gobierno, la formación morada argumenta que con esta norma van a proliferar proyectos mineros que perjudican a nuestro entorno medioambiental y "ponen la alfombra roja" a grandes inversiones en detrimento de las PYMEs extremeñas, según ha explicado Álvaro Jaén. 

Juan Antonio Morales (VOX) por su parte ha criticado que la Junta de Extremadura pretenda elaborar una norma que "se salte la autonomía municipal" y fomente los casos de "amiguismo" con afines del PSOE, ayudando a estos proyectos y reduciendo los requisitos, ya que desaparece por ejemplo el número mínimo de trabajadores necesarios para el mantenimiento de una planta fotovoltaica en el caso que lleguen inversiones de este tipo a nuestra región.

"NO A LA MINA"

A las puertas del Parlamento regional, un grupo reducido de manifestantes y pertenecientes a diferentes plataformas pedían que esta Propuesta de Ley no saliera adelante, argumentando que hay "200 proyectos mineros en la mesa de la Junta de Extremadura" y muchos de ellos cerca de entornos "medioambientalmente protegidos". 

Entre los manifestantes, había representantes en contra de la mina de Cáceres y de otros proyectos que cuentan ya con permisos para realizar estudios y extracciones en entornos como Sierra de Gata, la Dehesa suroeste de la región o el Geoparque Villuercas Ibores Jara. "No entendemos cómo un gobierno apueste por la economía verde y ahora quiera promover proyectos a cielo abierto que destrozan nuestro ecosistema", ha señalado ante los medios Diego Muñoz Hidalgo, representante de una de estas plataformas.