Casi medio centenar de jueces, fiscales, abogados y procuradores se han concentrado este lunes en Cáceres a las puertas del edificio de los juzgados por la independencia del poder judicial y contra el 'lawfare' tras el pacto alcanzado por PSOE y Junts que incluye una ley de amnistía.
El presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Joaquín González Caso, ha explicado que el motivo de esta concentración, como el que se ha hecho en el resto de las audiencias de España y de los tribunales de España, es "la defensa de la independencia del poder judicial, exclusivamente".
González Caso ha recordado que el pacto, "entre dos fuerzas políticas con representación parlamentaria", incluye la creación de unas comisiones de administración con la finalidad de investigar lo que se llama el 'lawfare', es decir, "lo que ellos llaman el conflicto judicial o la guerra judicial".
"Consideramos que eso es un ataque o un atentado contra la independencia del poder judicial.El poder judicial es garantía de toda democracia. Nosotros creemos, y así lo establece la Constitución, en la separación de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial", ha declarado a los medios.
González Caso ha defendido que "los miembros del poder judicial cumpliremos nuestra función y nuestro juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución".
¿Cómo afecta ese acuerdo al poder judicial de Extremadura?
El presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Joaquín González Caso, ha explicado que el 'lawfare' no afecta a los tribunales extremeños, ya que afecta al Tribunal Supremo, a la justicia nacional y a los tribunales catalanes, es decir, los tribunales que han investigado los delitos que se han cometido como consecuencia del procés, porque en Extremadura no se han investigado "ninguno de esos hechos delictivos".
Con esta concentración, el poder judicial cacereño se une al pronunciamiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y al Consejo General de Poder Judicial(CGPJ) y los colegios de abogados, que han rechazado los términos del acuerdo entre PSOE y Junts.
