Funcionarios de Justicia de toda España, que los sindicatos convocantes --CCOO, CSIF, STAJ y UGT--, cifran en centenares, se han manifestado este sábado 20 de noviembre en Madrid contra el "bloqueo de Hacienda a la subida salarial" del personal dependiente del Ministerio y han pedido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que "dé la cara".

La marcha ha discurrido desde la sede del Ministerio de Justicia hasta la de Hacienda entre proclamas que exigían el cumplimiento de los acuerdos y la dimisión de la ministra de Justicia, si no es capaz de imponer a la de Hacienda y al Gobierno el cumplimiento de lo acordado, según las organizaciones sindicales.

Los sindicatos y el Ministerio de Justicia alcanzaron en septiembre un acuerdo que afecta a 15.000 personas, contemplaba una subida de entre 80 y 195 euros del complemento específico del personal dependiente de este departamento, para homologar salarios con las comunidades autónomas.

Desde los cuatro sindicatos critican que el Ministerio de Hacienda conocía la existencia de la negociación con Justicia, ya que se ha desarrollado al amparo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Si bien, señalan que Hacienda y Justicia se niegan a cumplir lo pactado en las mesas de negociación. "Con este incumplimiento, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el Gobierno de España quiebran el principio de buena fe en la negociación establecido en la ley y ponen en peligro el éxito de las reformas pendientes en la Administración de Justicia", avisan desde CSIF.

Los sindicatos con representación en la mesa de negociación denuncian "la irresponsabilidad de Pilar Llop, que anda desaparecida de los asuntos de este Departamento y de los problemas de la Justicia, y ocupada de su imagen de 'gira estelar' por España, ajena a este conflicto del que ella es la principal responsable".

"Cada día que pasa sin que dé la cara, el descrédito de la ministra Llop aumenta y su credibilidad como responsable política disminuye exponencialmente", subraya CSIF en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, tachan de "lamentable" el comportamiento del Ministerio de Hacienda y Función Pública "que pretende reescribir el acuerdo, imponerlo con un chantaje inaceptable e intentando escurrir el bulto con excusas de mal pagador para intentar justificar lo injustificable: que son incapaces de asumir sus compromisos".

Por todo ello, han declarado "conflicto colectivo" en el sector tras constatar lo que, a su juicio, es una "flagrante violación de derechos fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva"; el "grave incumplimiento de las disposiciones de lo establecido en la ley de presupuestos" y un "desprecio a los empleados públicos de la Justicia y el ataque a su dignidad profesional".

"NO CABEN EXCUSAS"

Según subrayan, el Gobierno "vulnera" la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que "obliga a negociar un acuerdo sobre adecuación salarial y aproximación del complemento específico en estos órganos judiciales y CCAA". "No caben excusas, la ley le exige poner el dinero para hacer posible lo que se pacte en la mesa de negociación", enfatizan.

Además, acusan al Gobierno "que tanto presume de ser el gobierno de los trabajadores, el gobierno social que defiende la negociación colectiva" de "burlarse de sus empleados y empleadas públicos saltándose a la torera sus derechos fundamentales".

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En este contexto, las cuatro organizaciones sindicales exigen al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos en la mesa de negociación y aseguran que, mientras no lo haga, seguirá el conflicto colectivo y las acciones para exigir el cumplimiento del acuerdo y "la negociación colectiva queda suspendida por falta muy grave de confianza".

NO DESCARTAN CONVOCAR UNA HUELGA

Asimismo, amenazan con "intensificar las medidas de presión concentraciones de trabajadores, paros, etcétera, incluida la huelga para paralizar toda la Administración de Justicia", y dicen que acudirán a los tribunales de Justicia y a instancias europeas con el objetivo de que se restituya el contenido del acuerdo cerrado en la mesa de negociación el pasado 14 de septiembre.

"Las movilizaciones van a continuar si no hay una rectificación inmediata y se cumple lo acordado. Junto con el resto de sindicatos acometeremos la convocatoria de nuevas acciones sin descartar la convocatoria de huelga que paralice la administración de justicia en este ámbito no transferido si fuese necesario", ha subrayado el secretario general del sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, Luis Calero.

Según informan desde CCOO, a la manifestación de este sábado han acudido trabajadores desde Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla, territorios que se corresponden con el ámbito gestionado directamente por el Ministerio de Justicia; así como empleados que desarrollan su trabajo en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y sus Fiscalías, en el Registro Civil Central y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.