La bajada de tasas y precios públicos para 2023 en Extremadura tendrán un impacto de 20 millones de euros

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) contempla una rebaja de los precios y tasas para 2023, tal y como avanzara el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que supondrá un impacto de 20 millones de euros en los ingresos de la Junta.

En las previsiones presupuestarias del Ejecutivo regional para el próximo año se contemplan rebajas del 25, 50, 75 y 100%, según ha avanzado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, en la presentación de las cuentas tras registrarlas en la Asamblea para iniciar su tramitación parlamentaria.

La rebaja del 100% afectará a tasas de dirección y certificación de obras (desde el 1 de enero), el carné joven europeo, copia de documentos de la Ley de Memoria Histórica y certificados y compulsa de documentos.

Se reducirá un 75 por ciento el canon de saneamiento, medida de la cual se beneficiarán 430.000 familias. A la mitad se verán rebajadas las tasas de los comedores escolares (13.500 usuarios); aula matinal (6.000 beneficiarios); ordenación de los transportes por carretera; tarjeta de transporte subvencionado.

También las licencias de caza y pesca (110.000 y 60.000 beneficiarios, respectivamente); pruebas en laboratorios para matanzas; tasa por servicios facultativos veterinarios; aprovechamiento dominio público vías pecuarias; obtención del certificado de profesionalidad; y expedición de títulos y diplomas académicos docentes y profesionales (no universitarios).

Finalmente, se rebajará la tasa de la ITV, tanto para las estaciones públicas como las concesionadas, del 25 por ciento para los vehículos ligeros, y un 50 por ciento a vehículos pesados y agrícolas, medidas con la que se espera alcanzar a 740.000 vehículos.

INCREMENTO EN RENTA GARANTIZADA Y MÍNIMOS SOCIALES

Esta reducción de tasas y precios públicos se enmarca en el capítulo del presupuesto dedicado a las medidas contra el impacto de la inflación, algunas de las cuáles, ha reconocido, están "inspiradas" en el diálogo con el resto de grupos plíticos y agentes sociales. "Si hay que buscar un copyright es el del trabajo conjunto", ha dicho.

La consejera se ha referido a importantes incrementos en las partidas destinadas políticas sociales, como un aumento del 35% para la Renta Garantizada, que alcanza los 33 millones de euros, y que supone una media de 270 euros por familia beneficiaria.

También mejora el presupuesto de los Mínimos Vitales, en un 42,8 por ciento en este caso, hasta los 5 millones de euros, además de flexibilizar los requisitos de acceso, que supondrán 200 euros más por unidad familiar de dos miembros y 250 euros para las de tres o más.

Otras novedades son la aprobación de un nuevo plan de lucha contra la privación material, dotado con 2 millones de euros, y que regula la conocida como tarjeta monedero; así como un bono social térmico, con 10,9 millones, sobre el que no ha ofrecido más detalles.

En el ámbito de la educación, a las reducciones de tasas de comedor y aula matinal, que se proyectan en el camino hacia la gratuidad total a la que se ha comprometido el jefe del Ejecutivo regional, se incluyen la ampliación de la cobertura de libros de texto, que llegará al 90% de los estudiantes, es decir, a unos 79.000, para lo cual se destinan 10,5 millones; y un aumento de las rutas de transporte escolar, ampliando la cobertura hasta los 17.200 estudiantes.

También se contempla un nuevo plan de empleo, sobre el que únicamente ha avanzado que beneficiará a 27.500 hogares y que complementará las ayudas a los trabajadores en ERTE hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional.

En este capítulo de lucha contra la inflación la vicepresidenta extremeña ha incluido las ayudas a empresas para mejorar su competitividad, modernización, digitalización e internacionalización; así como otras para favorecer el ahorro y la eficiencia energéticas, a fin de reducir la factura eléctrica, como ayudas para el autoconsumo, movilidad eléctricas.

Capítulo aparte requiere las actuaciones en centros educativos, donde se invertirán 130 millones en eficiencia energética y térmica, con implantación de sistemas de acondicionamiento climático en las aulas, o la instalación de paneles solares en 70 institutos, que también se ubicarán en los tejados de 100 centros de salud.

BONO DE TRANSPORTE

Otra de las novedades contempladas en los PGEx por la consejera se refiere a la creación de un bono de transporte subvencionado autonómico, una "partida muy especial", ha señalado Blanco-Morales, sobre la que, no obstante, no ha ofrecido más detalles a la espera de que los programas de los diferentes departamentos de la Administración autonómicas sean desgranados por sus respectivos altos cargos, como viene siendo habitual.

Únicamente ha detallado sobre esta cuestión que se aplicará a líneas regulares de transporte de viajeros para "toda la población", así como además, por otro lado, se ampliarán los colectivos beneficiarios de la tarjeta SATE, alcanzando al 65% de la población.

OBJETIVOS

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023 pretende "estimular la recuperación económica mediante inversiones transformadoras", en un "contexto de dificultad" e "incertidumbre" derivado de las consecuencias de la guerra en Ucrania.

En concreto, este proyecto de ley está dotado con 7.776 millones de euros, lo que supone un 11 por ciento más que los del presente ejercicio, que son 774,6 millones más, unas cuentas que destinan 7 de cada 10 euros a políticas sociales, que "se materializan en el bienestar de los ciudadanos y se traducen en pilares para la igualdad".

Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, en rueda de prensa este martes tras el registro de este proyecto de ley en la Asamblea de Extremadura para el inicio de su tramitación parlamentaria, una vez que este pasado lunes fue aprobado por el Consejo de Gobierno.

En su intervención, Blanco-Morales ha reafirmado que defender el estado del Bienestar supone "asegurar los servicios públicos, y de calidad", como la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo de calidad o las inversiones de futuros, todo ello para "avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo", así como para "reducir la brecha de la desigualdad".

Así, la vicepresidenta extremeña ha aseverado que estos presupuestos son "responsables con la estabilidad presupuestaria y la coherencia fiscal", todo ello con el objetivo de "responder a las necesidades de todos y cada uno de los extremeños, que en este momento vienen marcadas por la inflación", por eso las cuentas recogen medidas de gastos e ingresos "destinados a paliar los efectos de la inflación".

Una inflación que es "exportada" y "fruto de las consecuencias de la guerra en Ucrania", y que no solo afecta a Extremadura, España o la Unión Europea, sino que es un "fenómeno global, derivado de la conversión de la energía en un arma de guerra", por lo que esta situación "obliga" a utilizar los recursos públicos de forma útil para "garantizar unos servicios públicos de calidad" a los ciudadanos.

Además, Blanco-Morales ha recordado que estos son los últimos presupuestos de la actual legislatura, en un "contexto de dificultad" en el que "las prioridades son estimular la recuperación económica mediante inversiones transformadoras", ha dicho.

En cuanto a la situación económica de Extremadura, la vicepresidenta ha resaltado que en 2020, el PIB de Extremadura "fue el que padeció un menor descenso", mientras que en el segundo trimestre de 2022, la comunidad creció en términos interanuales un 4,3 por ciento, y en relación con el trimestre anterior, un 0,9 por ciento.

Así, la Junta de Extremadura maneja para 2023 una estimación de crecimiento del 1,85 por ciento del PIB de la comunidad extremeña y del 0,85 por ciento del empleo, ha avanzado Blanco-Morales.