El juicio por el conocido como caso Erial, en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana, ha sido aplazado de nuevo ante la enfermedad del abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana. Se retomará el 21 de marzo.

La vista debía arrancar este jueves, 1 de febrero, en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, pero se ha tenido que suspender de nuevo tras alegar Zaplana que no cuenta con abogado, ya que el suyo está indispuesto por una enfermedad.

Olivas ha llegado poco antes de las 9 horas a las dependencias judiciales, mientras que Zaplana lo ha hecho media hora más tarde. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en la puerta y únicamente han pedido paso para acceder al edificio.

En cualquier caso, los acusados, acusaciones y abogados defensores se dan cita hoy en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tribunal encargado de juzgar este procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al 'expresident'.

La pena que pide la Fiscalía y los importes

En este procedimiento Eduardo Zaplana, que siempre ha negado los hechos, se enfrenta a una pena, tal y como le reclama Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo que operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al 'expresident' y que le ayudaron en la operativa.

De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".