Okupan una casa en un pueblo de Valencia y, 24 horas después, no pueden volver: cambiaron la cerradura, pero no sirvió de nada

El vecindario se movilizó desde que se confirmó que una familia formada por un padre, una madre y sus cuatro hijos se había instalado en una vivienda de esta urbanización

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Abriendo la puerta de la casa

José Manuel Nieto

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Hace justo un año, el 20 de agosto de 2024, la urbanización Colinas de San Antonio II, en el municipio valenciano de San Antonio de Benagéber, vivió un episodio que sus vecinos aún recuerdan como uno de los momentos más tensos de la comunidad. Una familia compuesta por un padre, una madre embarazada y sus cuatro hijos okupó un adosado propiedad de la Sareb el viernes anterior, cambiando la cerradura y retirando la alarma y el termostato. Sin embargo, en menos de 24 horas, y tras una intensa presión vecinal, abandonaron la vivienda sin poder regresar.

La secuencia comenzó cuando, tras días de movimientos sospechosos de varios hombres en la zona, los residentes vieron cómo la familia se instalaba en el número de la calle Mata Parda. Las primeras horas estuvieron marcadas por protestas espontáneas y vigilancia continua de los vecinos, decididos a evitar que el episodio se prolongara, como ocurre en otros casos de okupación en España que duran meses o incluso años.

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Una bonita imagen de la parroquia de la Inmaculada Concepción de San Antonio de Benageber, Valencia

En ambulancia y sin retorno

El punto de inflexión llegó la tarde del lunes 19 de agosto, cuando la madre, embarazada, llamó a una ambulancia por un problema médico. Toda la familia subió al vehículo y fue trasladada al Hospital La Fe. Fue entonces cuando los vecinos redoblaron la vigilancia y, desde ese momento, la familia ya no volvió. Según fuentes municipales, el desalojo se cerró con un acuerdo judicial exprés al día siguiente, por el que la Sareb recuperó voluntariamente el inmueble.

El Ayuntamiento, que desde el primer momento mostró su apoyo a los residentes, aseguró que había ofrecido alternativas de alojamiento, como otra vivienda de la Sareb o un hostal temporal, pero la familia rechazó la propuesta. El concejal Luis Trejo recordó que estas personas ya habían sido expulsadas previamente de una vivienda social en la Pobla de Vallbona.

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Instalación de una cerradura en la puerta de entrada

La alcaldesa, Eva María Tejedor Marí, agradeció la “colaboración imprescindible” de la comunidad y la labor de la Policía Local y la Guardia Civil, que mantuvieron un dispositivo constante para evitar altercados. “Hemos conseguido una solución rápida dentro de los límites legales”, señaló.

Seguridad reforzada

Este suceso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre cómo prevenir que viviendas vacías terminen ocupadas. El Ayuntamiento insiste en que las entidades bancarias propietarias de inmuebles deben reforzar sus sistemas de seguridad y evitar la difusión pública de direcciones, una medida que ya han adoptado en otros municipios con buenos resultados, como este pueblo madrileño o localidades donde se han desalojado okupas con acuerdos vecinales.

San Antonio de Benagéber duplicó en un año el número de agentes de su Policía Local y renovó el parque móvil y los retenes municipales. El objetivo era que episodios como este se resolvieran con la misma celeridad y sin derivar en conflictos prolongados, como ha ocurrido en otros puntos de España donde la resistencia de los okupas ha obligado a intervenciones más complejas o incluso ha dejado situaciones judicialmente enredadas, como en un hotel de Tenerife.

El adosado ya fue asegurado para impedir nuevas intrusiones, pero el recuerdo en la urbanización es claro: la unión y la vigilancia vecinal fueron determinantes para frenar la ocupación en tiempo récord.