El Grupo Municipal del Partido Popular solicita una comisión de investigación en el ayuntamiento de Castellón de la Plana para analizar contrataciones efectuadas por el ex concejal Antonio Lorenzo, que dimitía este mes por estar siendo investigado por una supuesta trama de facturas falsas cuando ejercía como subdelegado del Gobierno.

Los populares solicitan que se analicen los procesos de adjudicación y ejecución en los que participó el socialista en el consistorio como la puesta en marcha del Centro de Seguridad Municipal; la compra de material para la Policía Local o la selección del director de la banda de música. También solicitan que se efectúe un pleno extraordinario que debata la situación generada por la investigación judicial de Lorenzo.

Lorenzo ha ejercido entre junio de 2015 y febrero de 2019 como concejal de Hacienda, Seguridad Pública, Recursos Humanos y Gestión Municipal, además de presidente de la Mesa de Contratación y segundo teniente de alcalde.

De su etapa al frente de la subdelegación del Gobierno, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lideraba el ejecutivo central, y mediante el caso judicial comonocido como 'Subdelegación', se investiga una presunta trama de facturas falsas. Se pagaba gasolina de un vehículo oficial que no era utilizado, obras que no se ejecutaban, material que no se compraba o hasta 850 euros al mes en comidas, este último extremo según la información que publica El Mundo Castellón al Día.

La causa judicial también investiga a otras treinta y tres personas, tanto funcionarios como empresarios, por si estuvieran relacionados con esta presunta trama en época en la que gobernaba el Partido Socialista.

A su vez, también se han detectado gastos importantes en esta subdelegación del Gobierno por parte del anterior responsable, también con un socialista al frente, Juan María Calles.

Inicio de la investigación judicial

Fue el subdelegado del Gobierno por el Partido Popular, David Barelles, que sucedió en el cargo a Lorenzo, el que detectó la situación y puso en manos judiciales los hechos que en 2017 iniciaba una inveestigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Antonio Lorenzo declaró a final del mes de enero ante la Policía Nacional y está citado el 11 de abril para declarar como investigado ante el juzgado que instruye la causa.