El juicio por el caso Castor está visto para sentencia tras la lectura de las conclusiones por parte de todos los implicados.

Desde la acusación se apunta a que las más de una centena de declaraciones refrenda la relación entre los más de 500 seísmos que afectaron al norte de la provincia de Castellón en 2013 con la inyección de gas en la plataforma ubicada frente a la costa de Vinaròs, por lo que mantienen su petición de condena tanto a los acusados, Recaredo del Potro y José Luis Rodríguez Dalmau de hasta 7 años de prisión como a la empresa.

Sobre ello se han escudado tanto la acusación personal como la fiscalía, que han corroborado además que las actuaciones de Escal UGS de mantener la inyección cuando ya había nivel ámbar de alerta supone un incumplimiento claro de los reales decretos de concesión del proyecto.

La falta de monitorización y de protocolo en caso de sismicidad ha centralizado otro de los puntos de la acusación, en este caso de la particular, que además ha resaltado también la afectación en cuanto a la responsabilidad personal. Sobre ello, Fiscalía ha lamentado que no todos los afectados han podido declarar e incluso algunos de ellos, pese a tener daños certificados, no han pedido indemnización, mientras que la particular ha recordado la importancia de también valorar el daño moral que generaron los terremotos y sus daños.

Desde la defensa, por su parte, han solicitado la libre absolución para sus defendidos, apuntando las dudas e inconexiones mostradas en algunos hechos durante el juicio. El letrado en la defensa del expresidente de Escal UGS Recaredo del Potro ha apuntado además en su relato que las pruebas de cargo no salen desde la investigación sino que ya venía prefijada desde un principio. Incluso se ha apuntado que durante el juicio no se ha acreditado ninguna prueba que afecte a los 2 acusados, mostrando que ellos cedieron la gestión a las personas apropiadas y preparadas que, en su opinión, actuaron bien.

El abogado defensor ha hecho también un especial énfasis en el mareo y reinterpretación de varios datos para generar más repercusión, y señalando especialmente sobre ello al ministerio fiscal. Con ello, se defiende que Escal UGS actuó de manera responsable y prudente en la fase de inyección y que no ha incumplido ninguna normativa medioambiental.

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Mismas sensaciones y puntualizaciones has mostrado ambas defensas para dar como cerrado un juicio que durante el último mes ha analizado lo ocurrido hace 8 años.