"No hay información": Preocupa en Vila-real qué sucederá con la Zona de Bajas Emisiones
Las poblaciones de más de 50.000 habitantes están obligadas a contar con área restringida de circulación en 2026, aunque en Vila-real no se ha avanzado

Adrián Casabó, portavoz del PP en Vila-real
Castellón - Publicado el
2 min lectura
El próximo 1 de enero todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar con una Zona de Bajas Emisiones que limiten el tráfico a vehículos contaminantes o en momentos en los que los niveles de contaminación sean elevados y perjudiciales para la salud.
En algunas grandes ciudades los coches diésel, por ejemplo, solo podrán acceder al centro para dirigirse a aparcamientos, mientras otros como Castellón de la Plana restringirán el acceso si se está detectando alta contaminación.
En nuestra provincia no solo la capital, también Vila-real está obligada a delimitar una Zona de Bajas Emisiones, pero nada se sabe de su tramitación ni se ha realizado para su implantación. El Ayuntamiento alegó en 2023 y 2024, aunque ni la oposición conoce qué sucederá a partir de 2026.
Explica en declaraciones a COPE el portavoz del Partido Popular, Adrián Casabó, que "sé lo mismo que los vecinos de Vila-real, que es nada. En 2023, el pleno le pidió al Gobierno que tuviera en cuenta la casuística de Vila-real con 50.000 y poco habitantes, pero no sabemos a día de hoy qué respondió el ministerio. Sabemos que el Gobierno municipal en julio de 2024 elevó un informe al ministerio y hemos pedido conocer estas respuestas y no hemos tenido ninguna respuesta".
La postura del PP
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones "nos preocupa", asegura Casabó, porque "según se aplique va a tener un efecto muy negativo, por ejemplo para el pequeño comercio que ya está tocado de muerte".
Incide el presidente del PP en Vila-real en que "nos preocupa que el Gobierno de España no tenga esa sensibilidad para ciudades del tamaño de Vila-real y queremos que el Gobierno municipal dé a conocer qué es lo que ha contestado el ministerio" y "si va a obligar a aplicar todas las medidas que el 1 de enero deberían entrar en vigor".
Y es que no ponerla en marcha puede tener graves consecuencias para los ayuntamientos: "Según dice el Gobierno de España, en caso de no aplicarse, podríamos tener sanciones importantes o incluso no poder optar a subvenciones de administraciones superiores".