Piden paralizar la licitación del nuevo centro de ocio del Raset de Dénia

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas ha registrado una propuesta de resolución en la que insta al Consell a paralizar de manera inmediata la licitación del nuevo centro de ocio y hostelería proyectado en la zona portuaria del Raset de Dénia, concretamente en la parcela conocida como Tamarits o Tamarindos. 

Según detalla el documento, firmado por la portavoz adjunta Mª José Salvador, la iniciativa busca frenar un proyecto que contempla más de 5.000 metros cuadrados edificables y alturas de hasta nueve metros en primera línea de mar, sobre un espacio actualmente ocupado por una zona dunar y vegetación natural que actúa como barrera frente a los temporales.

“Los efectos del cambio climático exigen reforzar las infraestructuras naturales, no debilitarlas con construcciones permanentes”, advierte el grupo socialista en la exposición de motivos. 

Falta de información al Ayuntamiento y rechazo social

El PSPV denuncia que el Ayuntamiento de Dénia no ha sido informado directamente del proceso de licitación, pese a que la decisión afecta de manera clara al modelo económico, urbanístico y ambiental de la ciudad.

Además, los socialistas subrayan el malestar ciudadano y el rechazo de asociaciones ecologistas y colectivos locales, que incluso han anunciado la posibilidad de presentar recursos legales.

El documento también advierte de que el nuevo complejo competiría con negocios ya existentes en la zona y que la “regeneración parcial de 1.750 metros cuadrados” anunciada como contrapartida es insuficiente ante el impacto ambiental de la edificación. 

Petición de renaturalizar la zona

Por todo ello, el grupo socialista reclama a la Conselleria de Territorio que paralice el procedimiento de licitación, respalde al Ayuntamiento de Dénia en su postura contraria al proyecto y encomiende a la Dirección General de Puertos la renaturalización y mantenimiento del área, en lugar de promover su privatización.

Asimismo, el PSPV solicita que el Consell convoque el Espai Port-Ciutat, el órgano de participación entre la Generalitat y el consistorio destinado a decidir los usos del puerto, y que informe a las Cortes en un plazo máximo de tres meses sobre el grado de cumplimiento de esta resolución.