Viviendas ilegales, fraudes y falsos contratos: la Guardia Civil destapa una trama urbanística en partidas rurales de Alicante

La Guardia Civil ha destapado una trama urbanística en la que 64 personas están siendo investigadas por levantar viviendas ilegales en suelo rústico en distintas partidas rurales de Alicante, como El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

La operación, bautizada como Urbanitas, se ha desarrollado tras denuncias vecinales y actuaciones de oficio, y ha sacado a la luz un entramado de compraventas fraudulentas y construcciones prohibidas en zonas no urbanizables.

Parcelas rústicas convertidas en viviendas ilegales  

Los agentes del SEPRONA y la Patrulla de Protección de la Naturaleza realizaron más de 70 inspecciones en los últimos meses, descubriendo parcelas divididas irregularmente y viviendas edificadas sin permisos.

Algunas se encontraban incluso en zonas de rambla, donde está totalmente prohibido construir por riesgo de inundaciones.

La investigación reveló un modus operandi claro: intermediarios que convencían a compradores para adquirir pequeñas porciones de terreno rústico mediante contratos privados sin ubicación concreta, lo que dejaba a los compradores expuestos a sanciones y sin garantías legales.

Falsedad documental y fraude a Hacienda  

Entre los 64 investigados —39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años—, tres actuaban como intermediarios.

Además de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, algunos están acusados de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, al manipular documentos para engañar a la Administración y evadir impuestos en las operaciones de compraventa.

Las diligencias ya se han remitido al Juzgado de Instrucción de Alicante, y las infracciones urbanísticas detectadas podrían derivar en demoliciones, sanciones económicas y cortes de suministros como agua, luz o gas.

La Guardia Civil advierte: “Cuidado con comprar viviendas ilegales”  

Desde el cuerpo se lanza un mensaje claro: adquirir viviendas construidas de forma ilegal puede salir muy caro.

Las consecuencias pueden ir desde la demolición total del inmueble, hasta daños materiales graves, sanciones urbanísticas o problemas para acceder a servicios básicos.

Además, quienes compran sin conocer la situación legal del terreno pueden quedarse sin casa y sin dinero.