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La Guardia Civil interviene en Altea 110 kilos de merluza inmadura que iba a ser vendida en Madrid

La empresa alicantina a la que se le ha requisado la carga se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros

La Guardia Civil interviene en Altea 110 kilos de merluza inmadura que iba a ser vendida en Madrid

COPE Alicante / EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:04

Unos 110 kilogramos de merluza inmadura recién desembarcada y lista para ser transportada para su venta en la Comunidad de Madrid han sido decomisados en el puerto pesquero de Altea.

Los ejemplares de merluza (Merluccius merluccius) intervenidos no superaban los 16 centímetros de longitud, cuando el mínimo necesario para la captura legal de esta especie es de 20. Ahora, la empresa alicantina a la que le se le ha incautado la carga se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros. Por tratarse de un producto perecedero, el pescado ha sido donado a una entidad benéfica para su consumo una vez pasados los controles de calidad pertinentes.

Según el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, la merluza había sido capturada y comercializada sin ser presentada antes para una primera venta en la lonja, lo que habría permitido certificar su legítima trazabilidad. Por el contrario, los habían ocultado entre otras piezas cuyo origen y talla eran correctos, con la finalidad de eludir el control policial.

Preparada para su venta en Madrid

Los autores de este delito tenían la mercancía preparada y cargada en el camión que iba a trasladarla para su venta en la Comunidad de Madrid, donde habría alcanzado un precio de unos 12 euros el kilogramo, cuando en Altea se han pagado 3.

El Seprona ha recordado que, de no haber sido capturada esta cantidad de merluza antes de tiempo, en un breve periodo habría alcanzado su talla reglamentaria y, por lo tanto, la edad reproductiva. La captura precoz merma de forma significativa la supervivencia de la especie, ha añadido la Guardia Civil, que ha instruido un expediente de propuesta de sanción a los infractores, una empresa mercantil asentada en Alicante, que se enfrenta a una sanción económica de hasta 60.000 euros.

El expediente ha sido remitido a la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que es la competente para resolver.

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