Desalojado el edificio de la calle Real 13-15 de Collado Villalba con un amplio despliegue policial y ante las protestas de la Asamblea de la Vivienda

Desde esta madrugada las luces azules intermitentes de las patrullas policiales y la calle Real acordonada y cortada al tráfico en el tramo entre los soportales del Pontón y la Plaza de la Estación dejaban a las claras que algo había sucedido o que iba a suceder. Y así ha sido: Policía Local y Guardia Civil han llevado a cabo el desalojo masivo del edificio de los números 13-15, propiedad de la SAREB, ocupado desde la pandemia y en el que vivían unas 100 personas, entre ellas varias familias.

Una vez ha despuntado el día, cuando apenas se alcanzaban los dos grados de temperatura y un viento frío acompañaba a los presentes, se ha desplegado un importante dispositivo con la unidad de antidisturbios de Guardia Civil, mientras algunos vecinos y miembros de la Asamblea de la Vivienda se concentraban a las puertas denunciando que no había autorización judicial para el desalojo e intentando frenarlo, sin éxito.

00:00

Volumen

Cerrar

Antidisturbios llegando al edificio ocupado de la calle Real 13-15

Al final, y tras abrir un hueco con una excavadora en la parte posterior del edificio, por la calle Morales Antuñano, han ido saliendo poco a poco los inquilinos con sus pertenencias, metidas en maletas y bolsas de rafia, y sus mascotas. 

En la vía pública se han acumulados los enseres que han ido sacando del interior, como colchones. 

No han faltado los momentos de tensión y gritos contra la Policía, contra el Gobierno central, de quien depende la SAREB y, sobre todo, contra el Ayuntamiento, centradas en la alcaldesa y en Servicios Sociales por no facilitar a los desalojados una alternativa habitacional.

"Vienen a por nosotros, a los que intentamos vivir, a sacar niños a la calle en pleno invierno. No nos vamos porque trafiquemos, nos vamos porque les molestamos, nos vamos sin orden judicial", decía una de las personas desalojadas. "Qué vergüenza, que no son delincuentes, son familias", gritaban los integrantes de la Asamblea de la Vivienda. 

Una Asamblea que, en un comunicado, asegura que fuentes del Ayuntamiento les confirmaron el miércoles "de manera extraoficial" que este jueves iba a realizarse el desalojo, pero nadie había recibido notificación oficial.

Reconoce que a las 8:15 horas Guardia Civil y Policía Local han entrado al edificio y se ha producido un altercado con el resultado de una persona -uno de los inquilinos- detenido.

La Asamblea ha presentado esta misma mañana un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de desalojar el inmueble, una decisión que califican de "ilegal" e "inhumana". Solicitan que cautelarmente se les restituyan las viviendas a sus vecinos y el juez debe pronunciarse en 48 horas. "No es la primera vez que presentamos un recurso similar, ya sucedió en la Casa de Los Maestros en 2023. Entonces nuestra petición fue estimada e impedimos que el bloque volviera a estar deshabitado", dice.

Anuncia "acciones penales contra los responsables de esta decisión y de su ejecución" y acusan a la alcaldesa de evadir su responsabilidad "pasándole la pelota a SAREB". "Esto obviamente es mentira porque SAREB no tiene la potestad para desalojar, sólo el Juzgado o el Ayuntamiento (con autorización del Juzgado)", añade.

También recuerda que 42 familias de la calle Real 13-15 estaban en negociación abierta de un alquiler social con la SAREB y 15 de ellas tienen un compromiso firmado.

respuesta del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha emitido un comunicado, así como unas declaraciones de la alcaldesa, Mariola Vargas, en el que informa de que el desalojo del edificio ocupado llevado a cabo esta mañana "responde exclusivamente a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad, y se ha realizado tras constatarse que el inmueble no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda".

Dice que los informes técnicos municipales acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes.

La alcaldesa explica que se ha procedido al desalojo en virtud de un decreto que se notificó a la propiedad del edificio "por insalubridad e inseguridad urbanística tras diferentes episodios tanto de afectación para la salud como de régimen urbanístico, como un incendio que hubo en diciembre de este último año, que fue el detonante último a raíz de un informe de Bomberos en el que nos decían que la situación era francamente insegura y en el caso de ocurrir otro incendio podía haber incluso muertos", asegura Mariola Vargas. 

"Ante esta situación, y actuando con responsabilidad y proporcionalidad, el Ayuntamiento instó a la propiedad del inmueble a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación, concediéndole un plazo prudencial con el objetivo de que pudiera ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para aquellas personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad que se encontraban en el edificio", prosigue el comunicado del Ayuntamiento.

La alcaldesa asegura que en el interior del edificio, durante el desalojo, quedaba más de medio centenar de personas, "la mayoría varones, sin ningún signo de vulnerabilidad aparente". 

"Hemos dado un tiempo prudente a la propiedad, a la SAREB, porque nos dijo que había detectado personas, familias vulnerables, y les había procurado una vivienda. Hasta que este hecho se ha producido y las familias han estado fuera, hemos estado pendientes, vigilantes, para vigilar, cuidar de la seguridad de la vida y la salud de las personas que había dentro, en su mayoría delincuentes multirreincidentes los que han quedado según Guardia Civil y al final se ha procedido con la ayuda de Policía Local y Guardia Civil al desalojo de todos los ocupantes de esta vivienda", ha declarado Mariola Vargas.

El Consistorio incide en que su actuación "se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente, siguiendo criterios técnicos objetivos".