La reducción de la jornada laboral en el aire y pendiente de encontrar apoyos: "Ya hay empresas que lo aplican"

En los últimos años, el debate sobre la reducción de la jornada laboral ha ganado protagonismo en España, un país donde la jornada máxima legal de 40 horas semanales, establecida en 1983, ha permanecido inalterada durante más de cuatro décadas. 

En este contexto, el Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Sumar, ha impulsado un ambicioso proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial, una medida que se presenta como un "proyecto de país" destinado a modernizar el mercado laboral, mejorar la conciliación familiar y aumentar la calidad de vida de los trabajadores.

Orígenes y Objetivos del Proyecto  

La propuesta de reducir la jornada laboral forma parte del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La iniciativa, que comenzó a tomar forma en 2023, busca adaptar el mercado laboral español a las nuevas realidades productivas, marcadas por la digitalización y los avances tecnológicos.

Según el Gobierno, trabajar menos horas no solo es posible, sino que puede mejorar la productividad y reducir problemas como el estrés laboral y el absentismo. 

La medida beneficiará a aproximadamente 12,5 millones de trabajadores del sector privado, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios, donde las jornadas suelen ser más extensas.

El proyecto establece una reducción progresiva de la jornada laboral, pasando de las 40 horas actuales a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin que esto implique una disminución de los salarios. 

Además, incluye medidas complementarias como un registro horario digital obligatorio, el refuerzo del derecho a la desconexión digital y sanciones más severas para las empresas que incumplan la normativa, con multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado.

¿cuál es el proceso legislativo?

El camino hacia la aprobación de esta reforma no ha estado exento de obstáculos. El 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley, fruto de un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, pero sin el respaldo de las patronales CEOE y CEPYME, que consideran que la medida podría incrementar los costes laborales y afectar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. 

El proyecto fue aprobado en segunda vuelta el 29 de abril de 2025 y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, un proceso que se prevé complejo debido a la falta de apoyos garantizados.

El texto, que se tramita por vía urgente, debe superar el debate en el Congreso, donde podrían introducirse enmiendas, y posteriormente en el Senado. 

El Gobierno aspira a que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano de 2025, permitiendo a las empresas un plazo hasta el 31 de diciembre para adaptar sus convenios colectivos. Sin embargo, la oposición de partidos como Junts, que ha anunciado una enmienda a la totalidad, y las críticas del PP complican el panorama.

Impacto Esperado  

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales supone un recorte de aproximadamente 2,5 horas semanales, lo que equivale a unas 120 horas anuales. 

Según datos del Ministerio de Trabajo, el 35,2% de los trabajadores experimentará una reducción de más de una hora y media por semana, mientras que el 52,8% verá una disminución menor. 

Esta medida se alinea con experiencias en otros países europeos, como Francia y Alemania, donde jornadas más cortas han demostrado beneficios en términos de bienestar y productividad.

Para los trabajadores, la reforma promete una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, más tiempo para el ocio, la formación o las tareas de cuidado, y una reducción del estrés laboral.

Además, el mantenimiento de los salarios asegura que no habrá pérdidas económicas, lo que podría estimular el consumo. 

Por otro lado, el refuerzo del derecho a la desconexión digital busca proteger la salud mental, prohibiendo a las empresas contactar a los trabajadores fuera de su horario laboral, salvo en casos excepcionales.

Sin embargo, las patronales advierten que el impacto económico podría ser significativo, con un coste estimado de entre 21.000 y 24.000 millones de euros, equivalente a unos 2.000 euros por trabajador. 

Las pymes, en particular, podrían enfrentarse a la necesidad de contratar más personal o pagar horas extras, lo que podría afectar su rentabilidad. 

Para mitigar este impacto, el Gobierno ha implementado medidas como el "Plan Pyme 375", que ofrece bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las pequeñas empresas que adopten la reducción de jornada.

Críticas y Perspectivas  

El proyecto ha generado un amplio debate. Mientras los sindicatos y una mayoría de la ciudadanía (dos de cada tres españoles, según encuestas) apoyan la medida, las patronales y algunos partidos de la oposición argumentan que debería haberse alcanzado un consenso más amplio que incluyera a los empresarios. 

Además, algunos expertos señalan que la reducción podría tener efectos no deseados, como un aumento de las horas extras o una mayor precariedad en los contratos a tiempo parcial.

A pesar de las críticas, el Gobierno defiende que esta reforma es un paso hacia un modelo laboral más humano y sostenible. 

Yolanda Díaz ha subrayado que la medida no solo busca mejorar la vida de los trabajadores, sino también posicionar a España como un referente en Europa, donde ningún país ha reducido la jornada laboral en las últimas dos décadas.