Plataforma per la Llengua denuncia a Ebro por incumplir "obligaciones lingüísticas" en Cataluña

Plataforma per la Llengua, conocida como la "ONG del catalán", ha presentado una denuncia administrativa contra la empresa automovilística Ebro por no cumplir con los requisitos lingüísticos establecidos en una subvención pública otorgada en 2022. La ayuda, destinada a la reindustrialización de la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona, incluía la obligación de respetar la normativa lingüística catalana, algo que, según la entidad, Ebro ha ignorado sistemáticamente. Hay que tener en cuenta que el acuerdo entre Ebro y Chery ha permitido también recolocar a unos 1.200 trabajadores de Nissan. 

La denuncia señala que Ebro no ofrece manuales de uso de sus vehículos ni catálogos de venta en catalán, excluye esta lengua de los rótulos de su fábrica y no proporciona información escrita en catalán cuando se le solicita, como presupuestos de vehículos. Además, Plataforma per la Llengua critica que la empresa, asociada con la china Chery, no utiliza el catalán en su página web, redes sociales ni en los menús interactivos de sus coches.

 "Es evidente que la responsabilidad social corporativa de Ebro no contempla el respeto por la lengua propia del territorio ni los derechos lingüísticos de sus compradores mayoritarios, que son catalanoparlantes", dicen desde Plataforma per la Llengua. Basan su argumento en que la compañía aún no puede exportar sus vehículos. 

Retirar la subvención

La queja no se limita a Ebro. La entidad ha aprovechado la ocasión para cuestionar la falta de control por parte de la Generalitat y de Acció, la agencia pública para la competitividad empresarial, en la supervisión del cumplimiento lingüístico por parte de las empresas subvencionadas. La entidad reclama que se abra un expediente sancionador contra Ebro y que, de no rectificar, se le retire la subvención. Asimismo, ha anunciado que está investigando a otras compañías beneficiarias de ayudas públicas para verificar si respetan la normativa lingüística.

El caso ha avivado la controversia sobre el uso del catalán en el ámbito empresarial. Mientras Plataforma per la Llengua defiende que el cumplimiento de la ley de Política Lingüística es un requisito indispensable para recibir fondos públicos, voces críticas, como la asociación Hablamos Español, han calificado la denuncia como un ejemplo de "plastalingüismo", acusando a la entidad de presionar a las empresas para imponer el catalán en detrimento del castellano.

Ebro, por su parte, no ha emitido ningún comunicado ni se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía indican que están revisando las acusaciones y evaluando posibles medidas para adaptarse a las exigencias lingüísticas. El desenlace de este conflicto podría marcar un precedente en la relación entre empresas, administraciones públicas y la promoción del catalán en Cataluña, en un momento en que la lengua enfrenta retos significativos en su uso social, especialmente entre los más jóvenes y en el ámbito digital.

La Generalitat, interpelada por la denuncia, ha prometido estudiar el caso, aunque no ha especificado plazos ni acciones concretas. Mientras tanto, el debate sobre la diversidad lingüística y las obligaciones de las empresas sigue abierto, con Ebro en el centro de la polémica.