El Defensor del Pueblo urge a Catalunya a explicar cómo asegura la enseñanza del castellano en las escuelas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha requerido a la Generalitat la remisión urgente de la información que, a instancias de Societat Civil Catalana, solicitó el pasado mes de junio al Departamento de Educación.

En concreto, la institución que dirige Ángel Gabilondo quiere "conocer las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y se garantice el aprendizaje en castellano".

"Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, se le comunica que se ha requerido la remisión urgente de la misma", ha notificado el Defensor del Pueblo a Societat Civil Catalana en un escrito recibido el 14 de octubre.

Desde Societat Civil Catalana recuerdan que el pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo atendió su escrito contra el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, "ante el riesgo de que - pese a la suspensión cautelar del decreto decretada por el TSJC al admitir a trámite el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) - la Generalitat esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano".

El Defensor respondió que "en consideración a la naturaleza y alcance de la disposición impugnada, ha parecido procedente a esta institución iniciar una actuación de carácter informativo ante la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat".

"En septiembre de 2023, en la fase de información pública, ya actuamos en vía administrativa para evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. En las correspondientes alegaciones -no atendidas por la Generalitat- alertábamos de sus efectos perniciosos.

La asociación advierte de que el plan lingüístico aprobado por la Generalitat "no limita su acción a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares, parte esencial del proceso educativo".

Para Societat Civil Catalana estas medidas "derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua".

En este sentido, destaca que el artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. "Un derecho y un deber fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia", añade.

Asimismo, la organización asegura que el decreto "contraviene numerosas resoluciones judiciales que aseguran una educación bilingüe y equilibrada e ignora que el Estatuto de Autonomía de Catalunya reconoce los dos idiomas como lenguas cooficiales".