Las cámaras de comercio: "hay un riesgo serio de colapso en las infraestructuras catalanas"

Cataluña necesita un plan de choque de 53.800 millones de euros en infraestructuras desde ahora y hasta el año 2043 para ejecutar las actuaciones estratégicas que la red catalana requiere. Esta es la principal conclusión de un exhaustivo estudio presentado por las cámaras de comercio, que identifica proyectos clave como la ampliación del aeropuerto del Prat, la remodelación de la red ferroviaria de Tarragona y la implementación del ancho internacional en el tramo entre Mollet y Portbou. El informe es una llamada de atención contundente ante décadas de déficits de inversión.

El documento detalla que, de esa cifra global, las actuaciones más prioritarias y urgentes requieren una inversión de 14.500 millones de euros en los próximos cuatro años, es decir, con el horizonte fijado para 2030. 

Este volumen de inversión equivaldría a una inyección de capital de unos 2.900 millones anuales, con una aportación que debería proceder en un 77% por parte del Estado y en un 23% de la Generalitat, según las estimaciones del propio informe. 

Para supervisar el cumplimiento de estos objetivos, el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha anunciado la creación de un Observatorio de Infraestructuras y ha hecho un llamamiento para alcanzar "un gran pacto de país" en esta materia.

Además, el estudio de las cámaras realiza una estimación a largo plazo para corregir el desequilibrio histórico. Calcula que para aproximar el peso de Cataluña en el stock estatal de infraestructuras hasta el 19%, tal como establece el Estatut, sería necesaria una inversión bruta de 49.921 millones de euros entre 2026 y 2043. 

Esta cifra, que busca compensar el déficit acumulado, se traduciría en una inversión constante de unos 2.773 millones de euros anuales durante todo ese periodo, un esfuerzo inversor sostenido para modernizar y adecuar la red catalana a las necesidades del siglo XXI.

Proyectos clave para la próxima década

Entre las actuaciones más destacadas que el informe identifica como prioritarias, figuran proyectos de gran calado estratégico para la conectividad y competitividad de Cataluña. En el ámbito aeroportuario, se subraya la necesidad de abordar la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y, de forma paralela, reforzar el papel de los aeropuertos de Girona y Reus, dotándolos de las necesarias conexiones ferroviarias de altas prestaciones para que actúen como verdaderos complementos del hub barcelonés y estructuren el territorio.

En el transporte ferroviario, el documento exige la finalización completa del Pla de Rodalies 2020-2030, con actuaciones urgentes como el desdoblamiento de la línea R3 hasta Vic, una demanda histórica para mejorar la eficiencia y capacidad del servicio. Al mismo tiempo, se plantea un significativo incremento de la oferta de autobuses interurbanos para garantizar una capilaridad mayor del transporte público en todo el territorio, conectando zonas que actualmente dependen en exceso del vehículo privado.

El transporte de mercancías y la red viaria también ocupan un lugar central. El estudio incluye la necesidad de ejecutar mejoras en las autopistas AP-7 y AP-2, ahora liberadas de peajes, para adaptarlas a la nueva realidad de tráfico. Asimismo, se consideran cruciales los nuevos accesos terrestres a los puertos de Barcelona y Tarragona, así como el desarrollo de terminales intermodales estratégicamente situadas. En este ámbito, las cámaras apuestan decididamente por el eje transversal ferroviario como infraestructura vital para potenciar el transporte de mercancías por tren.

“Riesgo serio de colapsar”

"Tenemos que dar un toque de alerta", ha afirmado con rotundidad el vicepresidente tercero de la Cámara, Miquel Martí, quien ha recordado con preocupación que la gran mayoría de los proyectos identificados no están "ni tan siquiera" planificados formalmente por las administraciones competentes. Esta falta de planificación, advierte, agrava la situación y pone en jaque el futuro desarrollo económico y social del territorio catalán en un contexto de alta competencia global.

Hay un riesgo serio de colapsar”

Martí ha asegurado que existe un “riesgo serio de colapsar” si no se toman medidas de forma inminente, y ha reivindicado que el momento actual representa una “oportunidad histórica” para transformar las infraestructuras de movilidad, tanto de mercancías como de pasajeros. A su parecer, este esfuerzo inversor debe ir acompañado de un “nuevo modelo de gobernanza” que se aplique de forma transversal y que establezca como directriz prioritaria el principio de subsidiariedad y proximidad en la toma de decisiones y en la gestión.

En este contexto de urgencia y demanda de acción, las cámaras de comercio han decidido pasar a la ofensiva con la puesta en marcha del Observatorio de Infraestructuras. Esta iniciativa nace con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo y público de la tramitación y ejecución de los proyectos estratégicos identificados en el estudio. 

La plataforma monitorizará la evolución de cada actuación prevista, ofreciendo información transparente sobre el estado real de las infraestructuras clave del país y sirviendo como herramienta de presión.

Por su parte, el presidente de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha defendido que Cataluña necesita un esfuerzo sostenido, planificado y riguroso en esta materia y ha respaldado la creación de un consorcio de inversiones que esté liderado por la Generalitat para mejorar la tasa de ejecución de los proyectos. Según sus palabras, el reto mayúsculo que se presenta por delante "solo se podrá afrontar con la implicación de todas las administraciones, el sector empresarial y la sociedad civil".

Santacreu ha afirmado que existe un amplio consenso en el ámbito económico y social sobre cuáles son las infraestructuras que se deben desarrollar, pero ha advertido de que el modelo actual de planificación y ejecución “no funciona”. El presidente de la Cambra ha insistido en que es imperativo replantear este modelo tras años de infraejecución sistemática de los presupuestos de inversión y una evidente falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas, lo que ha derivado en retrasos crónicos y sobrecostes.