El clan Pujol se enfrenta al banquillo mientras la salud del expresident puede exonerarle del juicio

Más de once años después de la confesión de Jordi Pujol sobre un legado familiar en el extranjero, este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra el expresident de la Generalitat y su familia. Se enfrentan a acusaciones por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delito contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. El expresident, para quien la fiscalía pide nueve años de prisión, podría ser exonerado este mismo lunes si el tribunal considera que su delicado estado de salud le impide defenderse adecuadamente.

El estado de salud de Pujol, a examen

El expresident, de 95 años, está citado por videoconferencia a puerta cerrada para que el tribunal pueda valorar su estado. La defensa ya había presentado informes médicos que advierten de su delicada salud física y mental, con marcadores de Alzheimer, solicitando que no tuviera que asistir presencialmente. Aunque un examen forense posterior concluyó que Pujol no está en condiciones de ser juzgado, el tribunal desea asegurarse personalmente antes de tomar una decisión definitiva.

Quienes sí se sentarán en el banquillo son sus siete hijos: Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer. Junto a ellos serán juzgados la exmujer del primogénito, Mercè Gironès, y una quincena de personas, entre ellos empresarios como Luis Delso o Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, esposa de Pujol y una de las principales investigadas, falleció en julio de 2024 y ya había sido exonerada previamente por motivos de salud.

Las acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Las penas para sus hijos son considerablemente más altas: pide 29 años para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, 17 para Mercè Gironès, 14 para Josep, y 8 años para Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta. A estas peticiones se suman multas millonarias que superan los 38,7 millones de euros solo por el delito de blanqueo.

El escrito de la fiscalía sostiene que la familia actuó conjuntamente desde 1991 para ocultar una "cantidad ingente de dinero en Andorra". Según el ministerio público, estos fondos procedían del "afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diversos concursos públics de l'administración pública catalana". La acusación afirma que el expresident "aprovechó su posición política para tejer una xarxa de clientelisme" que repartía beneficios entre empresarios afines y su propia familia.

Aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo"

El patrimonio obtenido, según la fiscalía, "va ser ocultat a Hisenda" y afloró mediante "operaciones sistemáticas de blanqueo" en las que participaron los miembros de la familia de forma coordinada. Los dos progenitores, según el escrito, dirigían las operaciones, mientras que los hijos Jordi Pujol Ferrusola y Josep Pujol las gestionaban a través de sociedades en paraísos fiscales y cuentas a nombre de terceros.

La defensa se aferra a la 'deixa' del abuelo

La defensa de la familia Pujol, por su parte, solicita la absolución y niega todas las acusaciones. Su principal argumento se centra en que la fortuna familiar no procede de la corrupción, sino de un legado o 'deixa' que el padre del expresident, Florenci Pujol, constituyó en el extranjero. Según esta versión, Florenci temía por el "incert futur" de su hijo al dedicarse a la política y quiso dejar un "coixí" o colchón económico para la familia.

El abogado de Jordi Pujol, Cristobal Martell, afirma en su escrito que "nunca en el ejercicio de su alta función pública Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio". La defensa sostiene que el expresident nunca utilizó su cargo para influir en resoluciones administrativas que favorecieran a sus hijos o a su esposa. Critican que los escritos de acusación no identifican ningún hecho concreto que demuestre un ejercicio de poder "abusivo y il·legítim".

Nunca en el ejercicio de su alta función pública torció su recto y digno ejercicio"

El macrojuicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en 42 sesiones previstas hasta el 14 de mayo. Están llamados a declarar un total de 254 testigos, entre los que se encuentran expolíticos como el conseller Ramon Espadaler, empresarios, policías y exparejas como Victoria Álvarez. Los acusados, según lo previsto, declararán al final del proceso.

El caso estalló en julio de 2014, cuando Jordi Pujol confesó en un comunicado la existencia de este dinero no regularizado, pidiendo "perdón" y asumiendo ser el "únic responsable". Aquella confesión provocó un terremoto político que le llevó a renunciar a todos sus cargos honoríficos y a la pensión vitalicia, marcando el inicio de un largo proceso judicial que ahora, más de una década después, llega a su fase oral.