La Policia Nacional y la Europol ha desarticulado una supuesta banda criminal que habría logrado traer a 730 ciudadanos de origen vietnamita a España para explotarlos en centros de manicura. La actuación policial se ha saldado con 37 detenidos que componían la organización, entre ellos, un funcionario que falsificaba la firma de la subdelegada de Huelva para pedir protección de menores extranjeros no acompañados. La red habría cobrado 18.000 euros por persona que entraba al país, llegando a disponer desde enero de 2018 de una cifra superior a los 13 millones de euros.

El método para introducir a los migrantes era el uso fraudulento de los procedimientos de protección internacional y de Menores extranjeros no acompañados, iniciados en puestos fronterizos como los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Por ello, entre los arrestados destaca un funcionario de la Oficina única de Extranjeros de Huelva, quien aportaba documentos necesarios para justificar los requisitos reclamados para obtener fraudulentamente una autorización de residencia y trabajo social.

La operación policial se ha llevado a cabo principalmente en Barcelona, donde la organización contaba con la infraestructura más importante. No obstante,también se han realizado inspecciones en Girona, Lleida, Tarragona,Sevilla, Granada, Murcia,Almería,Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, León, Huelva y Córdoba. En el dispositivo policial, además de la Policia Nacional, ha participado el equipo móvil de Europol, que ha accedido y descargado 'in situ' datos de contenidos en dispositivos de almacenamiento masivo de información.

El trato de los inmigrantes era aberrante, porque los detenidos los mantenían en condiciones infrahumanas de alojamiento y trabajo en las viviendas de la red. Todo tremendamente duro, ya que los encerraban en pisos, y a veces incluso en zulos a los que se entraba por una trampilla, y encima les sometían a jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento. 

La organización conocía bien la legislación española, tenía una "gran profesionalidad y especialización" e instruía a sus vícitimas sobre todo los pasos para quedarse en España: rutas para los países intermedios, tránsito ficiticio en la nación y alegaciones en los trámites que realizaban. Eso sí, el tráfico siempre se formaba por grupos de seis a 12 personas con un cabecilla de la banda que hacía el viaje con ellos, y que proporcionaba un móvil a cada migrante con el mismo modelo y color para contactar con ellos a su llegada con la red de explotación. 

Todo estaba muy planificado, ya que la red contaba con una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios. Tenían hasta sedes en países sudamericanos, donde simulaban una estancia parcial por turismo y en España, había ya un lugar de recepción, explotación y derivación a diversas províncias españolas y países europeos como Francia y Alemania.