La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la carencia de actuación por parte de la Consellería de Justicia contra los casos de violencia machista dentro de las prisiones catalanas.

Los últimos meses han aumentado considerablemente las agresiones sexuales, los suicidios y muertes accidentales de internos y las agresiones a funcionarios en las prisiones catalanas debido a la falta de medidas preventivas y a la pérdida de autoridad que desde el CSIF reclaman desde hace tiempo.

El pasado lunes por la tarde, en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en Tarragona, un interno, habiendo sido avisado de la apertura general de celdas, se quedó dentro de la celda completamente desnudo para esperar a que la funcionaria llegara mientras se masturbaba.

El CSIF asegura que este interno ya ha tenido otros enfrentamientos con trabajadoras del centro que constan en su expediente y que consisten en atentados sistemáticos contra la dignidad de las mujeres, con insultos y actos vejatorios.

Alberto Gómez, responsable de prisiones del CSIF, recuerda que “una agresión sexual no tiene porque llevar implicito una penetración” y espera “que no se trate con banalidad este hecho”.

En 2019, la Generalitat de Cataluña aprobó un protocolo pionero para multar con sanciones de hasta 10.000 euros conductas como el exhibicionismo obsceno, la masturbación o el acorralamiento con fines sexuales y otros comportamientos que impliquen una vejación sexual.

De esta forma se intentaba penalizar conductas de acoso sexual que no están previstas en el Código Penal, aunque se tipifiquen en otras normativas.

Los últimos acontecimientos reflejan, claramente, la violencia sexual y psicológica a la que están expuestas cada día las funcionarias penitenciarias en el ámbito laboral y la falta de diligencia debida por parte de la Administración catalana.

Desde CSIF declaran que “la inacción de la Administración ante este tipo de agresiones y acoso, y la falta total de protocolos antisexistas y machistas hacen que estos episodios se conviertan en algo frecuente por parte de los internos frente a las funcionarias”.

Por eso, Alberto Gómez reclama que “la administración debería de actuar con contundencia y no andarse con medias tintas” y añade que “llevamos unos años, coincidiendo con el mandato de la señora Capella, donde ha habido laxitud y falta de rigidez a la hora de aplicar el régimen disciplinario”.

Así, Gómez espera que desde la Consejería de Justicia se actúe con firmeza ante esta situación y se ayude a los funcionarios a recuperar la autoridad dentro de las prisiones.