Siete encausados por traficar con armas en un taller clandestino en Laguna de Duero. Utilizaban Internet para su comercialización en distintas provincias y cinco de ellos ya habían llegado a un acuerdo con la acusación pública. Faltaba por saber si los otros dos entrarían finalmente en el acuerdo, haciendo innecesaria la celebración del juicio, como así ha ocurrido, reduciendo a menos de la mitad la suma de las penas aceptadas conjuntamente por los siete procesados por delitos de tenencia ilícita de armas y en algún caso también por depósitos de armas de guerra y municiones.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando la Guardia Civil efectuó una operación en Laguna de Duero y distintas provincias de España que concluyó con los siete detenidos y la incautación de un centenar de armas, incluidas algunas de guerra, 5.500 cartuchos, maquinaria, 2,3 kilos de pólvora para la fabricación de munición y cartuchería, y 47.000 euros en metálico. El punto de partida fue el desmantelamiento de un taller clandestino de armas.

Se investigó un anuncio en el que se publicitaba un lote de venta de un revólver Bulldog, lo que dio nombre al operativo, con fotografías del mismo y con expresiones como "ha sido recalibrado al calibre 22" e incluso que "alguien lo adaptó para disparar" y "el que lo reformó tenía que ser un artista". La investigación se centró en el 'nick' utilizado en Internet por la persona que realizaba la publicidad de este lote, así como otros de lotes ya vendidos por la misma persona.

Gracias a la investigación se comprobó que había vendido en un mes seis armas que se correspondían con dos revólveres Bulldog, un “pequeñísimo” revólver, una pistola FN 1.900 Mataduques, un bolígrafo pistola y una pistola Derringuer. Las armas se habían vendido en distintas provincias españolas. A través de foros en Internet se ofertaba también munición de diverso calibre y se informaba de las próximas armas que iba fabricando o modificando y que pondría a la venta.

PENAS

El magistrado que presidía la Audiencia de Valladolid, Fernando Pizarro, anticipaba “in voce” una sentencia que ya es firme, que aplica a los siete la atenuante de dilaciones indebidas y que impone la mayor de las penas al policía municipal de Málaga Fernando P.B, consistente en dos años y ocho meses de cárcel, le pedían siete, y la prohibición de tenencia y porte de armas por espacio de cinco años y ocho meses, en este caso con la atenuante también de trastorno depresivo.

Alberto B.R. y Óscar E.H, quienes se exponían a tres años y diez meses de prisión, han aceptado condenas de dos años de privación de libertad y cinco de prohibición de tenencia y porte de armas, mientras que Francisco Javier G.B, Pablo G.B. y José Ramón D.V. se han conformado con penas de un año y siete meses de cárcel cada uno, les pedían dos años y diez meses, y con la imposibilidad de manejar armas por espacio de cuatro años y siete meses los dos primeros y de tres años el último.

Néstor E.H, al que el fiscal pedía un año y diez meses, ha pagado una pena de nueves meses de cárcel y la prohibición de tenencia y porte de armas por espacio de tres años y nueve meses.