Un empresario de Valladolid, ante la factura electrónica: una carrera de obstáculos y costes

El Gobierno ha aprobado una moratoria de un año para la obligatoriedad de la factura electrónica, que no entrará en vigor hasta 2027. Esta exigencia, que busca documentar todas las operaciones entre empresas y profesionales, afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas y autónomos, que se enfrentan a un complejo proceso de adaptación digital.

Una adaptación costosa y compleja

La transición del papel al dato digital obliga a los profesionales a una renovación total. Pablo Navarro, gerente de Ortopedias Pérez Galdós, explica que el cambio implica "cambio de software, de ordenadores y cambio de todo". Los programas de gestión deben estar testados para el sistema Verifactu de Hacienda, lo que invalida el software anterior, ya que "por muy a medida que hayas hecho tu programa, tienes que cambiarlo".

Esta adaptación supone una inversión "importante" y una gran cantidad de tiempo. Aunque existió el programa de ayudas del 'kit digital', señala que "no todo el mundo se ha acogido a eso y no todo el mundo tenía acceso". Critica la insuficiencia de las ayudas, comparándolas con cursos de formación de 400 euros para plantillas de varios empleados, calificando estas medidas como "cosas con mucha incongruencia".

"Son cosas con mucha incongruencia"

Pablo Navarro 

Gerente de Ortopedias Pérez Galdós

Alivio y frustración ante la moratoria

La moratoria de un año ha sido recibida con alivio, pero también con frustración. El sector ha vivido un "período de estrés" para adaptarse a tiempo, y este empresario de Valladolid describe el proceso como un quebradero de cabeza para empresas y desarrolladores. Estos últimos se enfrentan a sanciones de hasta 150.000 euros si el programa no cumple la normativa, mientras que para las empresas la multa es de 50.000 euros. "Son sanciones que no son multitas de 200 euros", subraya.

"Son sanciones que no son multitas de 200 euros"

Pablo Navarro 

Gerente de Ortopedias Pérez Galdós

Dudas sobre las ventajas futuras

Desde el punto de vista de los autónomos, las ventajas de los nuevos sistemas no están claras. "Yo sinceramente no le veo ventajas, desde el punto de vista nuestro es que es exactamente lo mismo", afirma Navarro. Uno de los problemas que anticipa es la rectificación de facturas: el sistema Verifactu obligará a anular la factura y emitir una nueva con la fecha de la corrección, lo que podría generar problemas con ayudas y subvenciones.

En definitiva, la percepción general es que la factura electrónica se considera una complicación añadida para la gestión diaria. Sugiere una alternativa más simple para el control fiscal: "Si tú quieres tener un control absoluto de todo, plantéate, todos los pagos con tarjeta, no se pueden hacer pagos en efectivo, y ya está, y ya controlas todo".