El caso de la 'comfort letter' no tendrá más recorrido en los tribunales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que el pasado mes de julio absolvió al ex alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y a los dos ex concejales, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, por la firma del aval del soterramiento.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha comunicado la decisión, tras un “intenso” debate con “distintos” puntos de vista, sustentada sobre la base de que los intereses municipales “han quedado salvaguardados”. “El Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano para defender sus intereses y, en todo caso, el interés propio de la comisión de un delito le corresponde al Ministerio Fiscal”, ha sentenciado.

No opinan lo mismo sus socios de Gobierno. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra y concejal de Medio Ambiente, María Sánchez, cree que con esta decisión el Consistorio lanza un mensaje equívoco a la ciudadanía, dando a entender que un cargo público “pueda argumentar que no sabía nada y endeudar enormemente a una ciudad sin responsabilidad”. Para Sánchez la firma de esa carta de conformidad ha tenido repercusiones “muy importantes” para la ciudad. “Si no hubiera sido por esa deuda contraída ilegalmente no se habría condicionado la operación ferroviaria”, ha apostillado.

La Fiscalía solicitó para De la Riva una pena de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por tres delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa. Mientras, el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, tres años de prisión.

En su sentencia absolutoria la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial dio por válida la defensa del ex alcalde del Partido Popular de que las cartas de conformidad, en el momento de la firma, eran documentos “desconocidos” en el ámbito municipal. Si bien advertía que actuó con “negligencia grave”, no observó “malicia o intención fraudulenta” en su proceder.