Ecologistas en Acción reclama a la Junta que revoque la autorización de la incineradora de Venta de Baños (Palencia)

Ecologistas en Acción reclama al Consejero de la Junta de Castilla y León, Suárez-Quiñones que revoque las autorizaciones de incineración de residuos en El Bierzo y La Robla (León), Venta de Baños (Palencia) y Ólvega (Soria) y que renuncie a la macroincineradora proyectada para toda Castilla y León.

Ante la renuncia anunciada ayer por la Alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a su proyecto de incineración de residuos municipales en el Ecoparque de Burgos, pendiente del desistimiento de la autorización ambiental otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Ecologistas en Acción reclama al Consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones que "abandone la idea de promover una macroincineradora para los residuos municipales de toda la región, pendiente de ubicación y con capacidad para quemar hasta medio millón de toneladas anuales de desechos". 

Esta propuesta, dada a conocer por la organización ambiental el pasado mes de abril, ha sido trasladada según el ente ecologista "con gran secretismo por la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales, los consorcios de residuos y los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid mediante un Convenio para incinerar el rechazo de todos los centros de tratamiento de residuos en una única planta de valorización que preste servicio a toda la Comunidad, desechando, por ineficiente, la posibilidad de diseminar una serie de plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional”. 

Asimismo, Ecologistas en Acción pide que "se revoquen las autorizaciones ambientales para la incineración de residuos en las fábricas de cemento ubicadas en las localidades leonesas de La Robla y Toral de los Vados (El Bierzo) y en el municipio palentino de Venta de Baños, con capacidad conjunta para la combustión de 257.000 toneladas anuales de todo tipo residuos, así como la autorización ambiental de la incineradora de residuos peligrosos ubicada en la localidad soriana de Ólvega, con capacidad para quemar 6.000 toneladas anuales de disolventes residuales. Todas estas instalaciones están emitiendo al aire contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos, que pasan luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados", aseguran.

Aporta Ecologistas datos de un estudio  de 2013  del Centro Nacional de Epidemiología que afirma que "las incineradoras de residuos en España provocan un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres). Si este riesgo es inaceptable para Burgos capital también debe rechazarse en el resto de la región" defienden desde Ecologistas en Acción, a la par que exigen que "la solución que se adopte a la lamentable situación actual de la gestión de los residuos en Castilla y León se enmarque en la elaboración participada de un nuevo Plan Regional de Residuos, tras la anulación judicial el pasado mes de abril de su revisión aprobada de forma ilegal por la Junta, que permita cumplir los objetivos legales de reducción, reutilización y reciclado, y se adapte a la vigente Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y a las directrices europeas en la materia, rectificando la dañina política actual de la Junta, que ha convertido a Castilla y León en un sumidero de desechos de toda España". afirman.

"Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la recogida selectiva de los residuos domésticos en Castilla y León se limitó en 2022 al 16 % de los producidos, y en consecuencia la preparación para la reutilización y el reciclado sólo alcanzó en el mismo año el 36 %, muy por debajo del objetivo legal mínimo del 50 %, y eso incluyendo el compost de pésima calidad obtenido en los centros de tratamiento de residuos, que por la falta de recogida selectiva de los restos de alimentos acaba depositándose en los vertederos. Esta negligencia es extensible al resto de los desechos", concluyen.