Las comunidades loberas exigen al Gobierno que el cánido quede fuera del Lespre

Las comunidades autónomas con presencia de lobos han alzado la voz de forma conjunta para reclamar un cambio radical en la gestión de la especie. Representantes de Cantabria, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Aragón y el País Vasco han denunciado que el aumento de la población de lobos hace "insostenible su coexistencia con la ganadería extensiva", y han exigido al Gobierno central medidas urgentes.

El principal punto de fricción es el estatus de protección del animal y la gestión de sus poblaciones. "Nadie, insisto, nadie queremos acabar con el lobo, queremos convivir adecuadamente con él", ha asegurado, María Jesús Susinos, Consejera de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria, cuya comunidad ha acogido la reunión. Sin embargo, ha recalcado que los planes de recuperación han funcionado hasta tal punto que el número actual de ejemplares amenaza la supervivencia del sector primario.

Guerra de cifras y plazos con el Ministerio

Las autonomías acusan directamente al Ministerio para la Transición Ecológica de incumplir sus obligaciones al no haber remitido a la Comisión Europea el informe sexenal sobre el estado de la especie, que debía haberse enviado antes del 31 de julio de 2025. Según las comunidades, este retraso se debe a que sus propios censos contradicen la postura del Gobierno y de los grupos ecologistas.

Los resultados de los informes indican una clara tendencia favorable de la población del lobo"

María Jesús Susinos 

María Jesús Susinos. Consejera de Desarrollo Rural y Ganadería

Los datos de las regiones "indican una clara tendencia favorable de la población del lobo, como ocurre en el resto de países europeos, lo que pone en cuestión la postura defendida por los grupos ecologistas y respaldada por el ministerio de que el lobo se encuentra en un estado desfavorable". El Ejecutivo autonómico considera que el ministerio ha optado por no enviar el informe, consciente de que los datos no apoyarían su tesis.

Batalla legal por la gestión de la especie

La ofensiva de las comunidades también se libra en el terreno judicial. La mayoría de ellas se han personado en el recurso de inconstitucionalidad que el Defensor del Pueblo presentó contra la ley que permitió sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero. Las autonomías defienden que la norma se ajusta a la Constitución y a su marco competencial para realizar extracciones y capturas.

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Cantabria, en particular, ha relatado el "ataque continuo" que sufre por parte de asociaciones ecologistas , con hasta ocho recursos judiciales y dos denuncias en fiscalía, una de ellas por la vía penal contra el director general y el propio consejero. A pesar de ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha denegado las medidas cautelares para paralizar los controles poblacionales.

3.000 animales muertos todos los años es algo insostenible para nuestra cabaña ganadera"

Las cifras que maneja la comunidad cántabra en 2025 son, según su portavoz, "espeluznantes". Los datos provisionales registran 2.956 ataques de lobo que provocaron la muerte de 3.493 animales y dejaron 392 heridos. "3.000 animales muertos todos los años es algo insostenible para nuestra cabaña ganadera", sentencian. Solo en indemnizaciones, el Gobierno de Cantabria destinó 1,7 millones de euros en 2024, a los que se suma otro millón anual para medidas preventivas.

Exigencias y próximos pasos

Ante esta situación, las comunidades han firmado un manifiesto con tres exigencias claras al Gobierno. En primer lugar, la convocatoria inmediata de una conferencia sectorial monográfica sobre el lobo. En segundo, que el Gobierno cumpla con su obligación de remitir el informe sexenal a Bruselas, previa aprobación en dicha conferencia. Y, por último, que se transfieran los fondos prometidos para la gestión de la especie.

Además, varias autonomías han anunciado su intención de sumarse al recurso que Castilla y León ya ha presentado contra la inactividad del ministerio. El siguiente paso será una denuncia formal ante la Comisión Europea por el incumplimiento del derecho comunitario por parte del Estado español, todo ello como muestra de su "apoyo incondicional al sector ganadero".