El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), que el pasado 27 de noviembre denunció por maltrato animal al propietario de una granja porcina de Quintanilla del Coco (Burgos), también alcalde del municipio, ha incluido en la querella un delito contra el medio ambiente ante la presunta existencia de un vertedero de residuos ilegales de huesos y cráneos de cadáveres procedentes de la explotación porcina en la zona de monte anexa a la instalación.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, acompañado por imágenes fotográficas y un vídeo, la ONG ha incidido en que, junto a la verja de la granja “y a lo largo de un perímetro de monte de 2.000 metros cuadrados” han localizado un vertedero ilegal de huesos, cráneos, columnas vertebrales y cadáveres en descomposición.

La investigación realizada por el Observatorio de Bienestar Animal (OBE), entre junio y septiembre de 2023, incluye imágenes tomadas en el lugar que “desvelan que el alcalde era quien estaba deshaciéndose de los cadáveres ilegalmente, llevando con su tractor los animales muertos al monte, cuando no le veía nadie”, según el testimonio del informante facilitado por la ONG.

Para el Observatorio, estos hechos podrían suponer una infracción de la normativa en cuanto al uso de subproductos animales no destinados al consumo humano para alimentar a fauna silvestre y especies necrófagas, además de incurrir en un delito contra el medio ambiente, que ha sido denunciado junto con el maltrato animal ante el Juzgado de Lerma, que ha admitido a trámite la querella.

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Maltrato animal con agravantes

La ONG ha vuelto a pedir la destitución “inmediata” del alcalde, Domingo del Pozo, y el cierre de la explotación porcina ya que “crear un vertedero ilegal, permitir dejar agonizar a los animales siendo devorados por buitres y desatender miles de animales en la explotación son razones de sobra” para no quedar impune.

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“Debe ser cesado de inmediato de sus funciones y enviado a prisión”, ha asegurado Guillermo Moreno, director ejecutivo del Observatorio de Bienestar Animal, después de que la entidad haya hecho públicas unas imágenes en las que se ve cómo un animal es dejado a la intemperie en los exteriores de la granja para que muera de inanición y, después de 36 horas de agonía, al morir es devorado por una bandada de buitres.

La ONG considera que este hecho podría ser constitutivo de un delito de maltrato animal con agravante de acción por omisión, pues “de acuerdo con la normativa vigente, un animal gravemente enfermo ha de ser sacrificado en la explotación para evitar un sufrimiento innecesario”.

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Todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la justicia, ha recordado el Observatorio de Bienestar Animal, que cuestiona la eficacia de las inspecciones realizadas a la granja por la Junta de Castilla y León y el SEPRONA de la Guardia Civil los días 29 y 30 de noviembre, dos días después de que el propietario conociera la existencia de la denuncia contra la explotación.

“Haber actuado cuando el granjero conocía del lanzamiento hacía varios días supone un riesgo para las pruebas de los delitos denunciados que presuntamente hayan podido ser ocultadas y eliminadas”, ha indicado Moreno, al tiempo que considera “muy grave” que la granja pasara “satisfactoriamente” una auditoría de AENOR el 28 de agosto, cuando “gran parte de las imágenes publicadas datan de después de esta fecha, algunas incluso de tan solo 6 días tras esta última inspección”.

Imágenes verificadas

Igualmente, la ONG ha defendido las pruebas presentadas en forma de imágenes fotográficas y audiovisuales, después de que el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, afirmara en declaraciones a los medios que dichas imágenes eran “totalmente falsas” y que se habían “sacado de otra granja u otro sitio”.

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Guillermo Moreno ha indicado que “las imágenes están verificadas por la ONG y contienen pruebas con GPS y periódico”, al tiempo que ha explicado que el informe emitido por el SEPRONA el 30 de noviembre por mandato judicial reconoce que “la granja inspeccionada y la que se presenta en el vídeo, aparecido en redes sociales, es la misma, al coincidir en la mayoría de los escenarios”.

El PSOE pide el cese de dos consejeros de Vox por "mentir" sobre la granja de Burgos

El PSOE de Castilla y León ha pedido la dimisión o el cese del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, y del de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ambos de Vox, por "mentir" sobre el caso de un supuesto maltrato animal en una granja en Quintanilla del Coco (Burgos).

Una petición que han hecho extensiva al alcalde del municipio y propietario de la explotación, Domingo del Pozo Martínez (PP), según han explicado este miércoles los procuradores socialistas Juan Luis Cepa y Luis Briones, en declaraciones en los pasillos de las Cortes autonómicas.

Este miércoles, además, se ha conocido un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil realizado el pasado 30 de noviembre que certifica la veracidad de las imágenes captadas en la granja en las que se observaba a cerdos en estado lamentable de sanidad y que desde la Junta pusieron en duda que fuesen reales.

Responsabilidad política

El procurador Juan Luis Cepa, que también es portavoz en la comisión de Agricultura de las Cortes, ha incidido en que el Seprona ha confirmado la veracidad de las imágenes iniciales, "que el señor Veganzones llegó a decir que eran falsas" y que no eran de esa granja.

Cepa ha subrayado que su formación apoya a los ganaderos de la comunidad y que este caso "es una excepción", pero ha afirmado que estos hechos "hay que depurarlos e investigar", por lo que han hecho una petición de documentación a la Junta sobre el resultado de las inspecciones previas y del número de animales permitidos.

"El responsable máximo de la sanidad animal es el señor Mañueco, que empezó a flexibilizar la sanidad animal en el famoso mitin de 2019 en Tamames, prometiendo cosas a los agricultores que no se podía cumplir y dio un paso más, cuando entregó la sanidad animal a Vox", ha asegurado.

Cepa ha enumerado algunas consecuencias de esta decisión, como que los jefes de sección agrarias provinciales están en contra de las órdenes de saneamiento o como niegan "una y otra vez" este caso.

Por su parte, el procurador por Burgos Luis Briones ha señalado que en su formación han sido "muy cautos" con la información y ha lamentado cómo "la Junta ha dicho desde el primer momento que eso no existía".

Briones también ha hecho referencia a las palabras del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, al que ha acusado de hacer "una huida hacia adelante" y mentir en sede parlamentaria, "casi amenazándonos por denunciar algo que nos parece una auténtica barbaridad".

El parlamentario socialista, aparte de reiterar las peticiones de dimisión, ha señalado que el consejero tendría que comparecer de manera "urgente" en la Comisión de Agricultura de las Cortes para ofrecer la información de la que disponga la Junta.

Preguntado por la posibilidad de tomar acciones legales, Briones ha explicado que no sea plantean sumarse a la causa presentada por el OBA para "evitar acusaciones de politización", una querella que, ha subrayado, "ha sido admitida a trámite, está fundada y documentada".

"Estaba geolocalizada. ¿Cómo es posible que el consejero dijera lo que dijo sabiendo que había un informe del Seprona del día 4 de diciembre en el que habían identificado la granja en la que se estaban produciendo esos hechos bárbaros, insalubres y nocivos?", ha reflexionado.