Castilla-La Mancha aprueba la ley que permite cerrar comercios por abusos graves al consumidor

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la reforma de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, una normativa que endurece las sanciones ante abusos graves y que facultará a la Junta incluso para cerrar establecimientos. La aprobación llega en vísperas de grandes campañas de consumo como el Black Friday, donde se estima que el 78 % de los castellano-manchegos tiene previsto comprar con un gasto medio de 285 euros por persona.

La OCU celebra la nueva claridad de la norma

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado positivamente este cambio. Según ha explicado Iziar Fernández, delegada de la OCU en Castilla-La Mancha, la reforma funciona como “un manual de instrucciones muchísimo más claro”, ya que “se identifican claramente los hechos que son sancionables, con hechos concretos”. Esta especificidad, según Fernández, pone fin a las ambigüedades de la ley anterior, que generaban problemas a la hora de defender a los afectados.

Ya no caben ambigüedades como existía en la otra ley"

Itzíar Fernández

Delegada de la OCU en CLM

La representante de la OCU ha insistido en que la falta de concreción previa ponía en aprietos a los consumidores y a la propia organización. “[Ya no caben ambigüedades como existía, a lo mejor, en la otra ley]”, ha señalado, explicando que esto dificultaba la defensa, sobre todo al iniciar un procedimiento judicial.

De multas leves al cierre del negocio

Con la nueva redacción, que deberá ser aprobada en las Cortes regionales, se detallan acciones específicas que serán castigadas. Por ejemplo, dentro de las infracciones leves, ahora se sancionará de forma explícita a los establecimientos que no dispongan de hojas de reclamaciones, no tengan el cartel que las anuncia o se nieguen a facilitarlas.

El mayor endurecimiento se observa en las infracciones graves y muy graves, donde se contemplan hasta 18 supuestos que pueden acarrear no solo multas, sino el cierre temporal del negocio. Entre ellos se incluye “la resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier forma de presión” hacia los consumidores. También se castigará la realización de actos de competencia desleal y el fraude en la presentación o calidad de los productos.

No se puede permitir que se realicen a los consumidores"

Itzíar Fernández

Delegada de la OCU en CLM

Otras conductas sancionables serán la “ausencia de corrección o respeto” hacia una persona consumidora o la “manipulación fraudulenta” de los aparatos y sistemas de medición. Según Fernández, el objetivo es que no queden dudas sobre qué prácticas son inaceptables. “[No se puede permitir que se realicen a los consumidores]”, ha concluido, subrayando que la reforma establece una tipología clara de sanciones.