La Audiencia Provincial de Guadalajara ha previsto comenzar el juicio por el incendio de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches el próximo 20 de septiembre, con una previsión de que la vista oral se pueda prolongar durante 88 días, es decir hasta el 17 de diciembre de 2021.

Así se desprende de la diligencia de ordenación del juicio a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se especifica que las sesiones del juicio de desarrollarán de lunes a jueves, ambos incluidos, en sesiones matinales que arrancarán a las 9 de la mañana. En las semanas en las que haya algún día fetivo, se celebrará juicio el viernes.

Se citará a las partes personadas a los acusados personalmente, en el domicilio designado, librándose al efecto los despachos necesarios.

Penas de hasta 19 años de cárcel y 14 de inhabilitación

Fue el pasado mes de junio cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura del juicio oral contra un total de 21 acusados, de los que 18 son personas físicas y 3 jurídicas. Se les reclaman por parte de la Fiscalía, en algunos casos, penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que se hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.

Por un lado, se juzgará a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina, por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio, probablemente intencionado según la Guardia Civil, de la nave almacenadora en agosto de 2016.

A estos 11 acusados se les considera autores de una gestión, transporte y tratamiento ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, habiendo participado de forma concertada en un grupo criminal que terminó con un vertido incontrolado de esos residuos, acompañado de falsificación de documentos para amparar el desvío.

Además, 6 ex altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están acusados de un delito de prevaricación medioambiental continuada, por lo que se les piden penas de hasta 3 años de cárcel y 13 de inhabilitación. Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, para quien la Fiscalía pide 14 de años de inhabilitación y 5 de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.

Grupo criminal, falsedad y delitos contra el Medio Ambiente

La Fiscalía considera probados que se han cometido delitos, además, de prevaricación medioambiental, de participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.

Tras años de irregularidades en todo lo relativo al trabajo desarrollado en la planta, la Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas de residuos sin distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagados por Grupo Layna.

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Entre el 6 de abril y el 17 de junio, fecha de cierre de las instalaciones por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se continuó con la recepción de residuos peligrosos y no peligrosos. Con 6 de junio de 2016, el nuevo alcalde electo tras las elecciones municipales de mayo de 2015 constató la explotación de las instalaciones en Chiloeches "al margen de toda legalidad" por Kuk y Grupo Layna.

Tras la inspección, se propuso la clausura inmediata de la nave, ya que se comprobó que los residuos almacenados llegaban prácticamente al techo; en el exterior, ocupaban las vías de tránsito de los vehículos alcanzando casi a la puerta de acceso e impedían la circulación adecuada de los vehículos de extinción de incendios.